La Corte Suprema de Justicia falló a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) y avaló su “autonomía” en la demanda contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU 241/2021) que, como una de las medidas sanitarias para mitigar la propagación de la segunda ola de coronavirus, determinó la suspensión de clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Una decisión que el jurista Raúl Zaffaroni calificó como “penosa”, al tiempo que advirtió sobre los riesgos a futuro que permite la interpretación del fallo, en especial a lo concerniente al manejo de una situación de emergencia sanitaria.
Para empezar, de acuerdo al actual miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los supremos “rompieron con toda la tradición jurisprudencial constitucional en materia de las cuestiones políticas no judiciables”. Y disparó: “La Corte Suprema asumió un co-gobierno, se arrogó las decisiones sobre la pandemia”, sentenció.
En el marco del proceso “sumarísimo”, el Ejecutivo porteño, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo que los informes acompañados a la causa por el Estado Nacional no se refieren específicamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sino a la extensión geográfica del “AMBA” que, si bien la abarca, “no debe ser contemplada de manera genérica debido a que la situación epidemiológica difiere en las distintas realidades que la comprenden”.
“La Ciudad de Buenos Aires tiene un estatus de provincia y una autonomía limitada por su federalizacón”, explicó el excortesano. Respecto a las objeciones que hace la Corte sobre el concepto “AMBA”, Zaffaroni criticó que el fallo “Desconociera que en caso de epidemia que afecta a más de una provincia, el poder de la policía sanitaria corresponde al orden federal”. “Cualquier problema sanitario afecta a la provincia de Buenos Aires y habilita al Ejecutivo su poder de policía sanitaria”, subrayó.
Con todo, el juez retirado argumentó que es criterio de los especialistas de salud expresarse sobre cuestiones sanitarias, y que desde la Corte un fallo de este tipo implicaría sumarse a una discusión que tiene un marco con argumentos que se apoyan en el rigor científico. En ese sentido, cuestionó que el máximo tribunal haya prescindido de la opinión de médicos, científicos o de su propio cuerpo forense antes de decidir sobre cuestiones relativas a la salud pública.
Finalmente, para Zaffaroni, a partir de este fallo, la Corte Suprema será plenamente responsable de “todas las consecuencias sanitarias, incluso muertes” que pueda tener la decisión tomada.