A la espera de la decisión de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos sobre si mantiene o no la suspensión de un fallo multimillonario contra la Argentina en la causa por la expropiación de YPF, el Gobierno advirtió, a través del jefe de Gabinete, que una decisión desfavorable sería “incumplible” en la práctica.
La Corte ya habría tomado una decisión y hay chances de que se publique oficialmente este miércoles.
Por la posición que están asumiendo las partes, todo indicaría que este caso sin precedentes en la historia -ya que una jueza federal estadounidense (Loretta Preska) pretende ordenarle a un Estado soberano (República Argentina) entregarle las acciones de la principal compañía estatal del país a un fondo especulativo- se inclinaría hacia el mantenimiento de la suspensión del fallo y la apertura de una larga negociación.
Incluso el fondo demandante -Burford Capital- hizo trascender que no está interesado en ese 51% de las acciones de YPF que Preska le ordena entregar a la Argentina para cumplir el polémico fallo que condena al país a pagar USD 16.100 millones.
Por eso, la administración de Javier Milei aguarda la confirmación por parte de la Corte del pedido de suspensión (“stay”) de la orden judicial que lo obliga a entregar esas acciones a Burford.
La resolución de la Corte de Apelaciones definiría si se frena temporalmente el cumplimiento de la medida, mientras se analiza la apelación principal, prevista para octubre.
La orden de entrega de acciones fue dictada por la jueza Preska, del Distrito Sur de Nueva York, en el marco de la sentencia contra Argentina por la expropiación del 51% de YPF en 2012 sin cumplir con el estatuto societario.
Burford, que adquirió los derechos de litigio de los demandantes originales, valuó al 30 de junio de 2025 sus activos vinculados al caso en US$ 1.600 millones, equivalente al 43% de su portafolio principal.
Según estimaciones de Sebastián Maril, director de Latam Advisors, la Corte podría optar entre tres escenarios: aceptar la suspensión solicitada por Argentina, rechazarla o concederla a cambio de que el país deposite un activo alternativo como garantía.
En caso de un fallo adverso, el gobierno recurriría a la Corte Suprema de Estados Unidos.