La norma establece las condiciones en las cuales una mujer podrá llevar a cabo la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación sin necesidad de que medie causal alguna y sin costo, ya que la práctica se incorpora al Programa Médico Obligatorio (PMO) del sistema de salud.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”es” dir=”ltr”><a href=”https://twitter.com/hashtag/24deEnero?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#24deEnero</a> <a href=”https://twitter.com/hashtag/IVEYaEsLey?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#IVEYaEsLey</a><br><br>? ¡Hoy entra en vigencia la ley que conquistamos luchando! <br><br>? Desde hoy en todo el país podés solicitar un aborto hasta la semana 14 sin dar razones para requerir la práctica. Solo basta con tu decisión. <a href=”https://t.co/23UroWTYtZ”>pic.twitter.com/23UroWTYtZ</a></p>— Ley 27.610 ? (@CampAbortoLegal) <a href=”https://twitter.com/CampAbortoLegal/status/1353377123281473536?ref_src=twsrc%5Etfw”>January 24, 2021</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

Fuera de ese plazo, la interrupción sólo se podrá acceder en caso de violación o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.

En caso de menores de 13 años, se debe contar con el consentimiento informado y la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal; mientras que hasta los 16, tendrá que presentar un acompañante o “referente afectivo”.

Las personas mayores de 16 años, en tanto, tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento.

Mujeres y personas gestantes tienen derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud en un plazo máximo de diez días corridos desde el requerimiento, que debe ser expresado por escrito.

El profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. Para eso deberá mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión, y derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones.

Los centros de salud privados o de seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar un aborto a causa de la objeción de conciencia deberán prever y disponer la derivación a un lugar, de similares características, donde se realice la prestación.

El personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable.

Tampoco se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto. El incumplimiento de los requisitos para ejercer el derecho de objeción de conciencia dará lugar a las sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles, según corresponda.

Obras sociales y prepagas deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la Interrupción Voluntaria del Embarazo; prestaciones que quedan incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el Programa Médico Obligatorio (PMO) con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.

Se deberá mantener la privacidad y el derecho a la intimidad de las personas que recurran a las instituciones para pedir un aborto.