De acuerdo a un informe del Ministerio Público de la Defensa (MPD) porteño, la criminalización de los migrantes senegaleses en la Ciudad de Buenos Aires se incrementó sostenidamente durante los últimos cinco años y que la persecusión policial se enfoca desprorcionadamente en personas de esa nacionalidad.
La Dirección de Asistencia a las Personas Privadas de su Libertad (DAPL) es el área del MPD encargada de realizar un seguimiento exhaustivo de las detenciones en flagrancia en los procesos penales y contravencionales en los que interviene el Poder Judicial porteño, con el objetivo de proteger los derechos de las personas en condición de detención, y como tal registró que duranre 2019, en el 85% de denuncias de violencia institucional por parte de la policìa de la Ciudad, las víctimas son de nacionalidad senegalesa.
La organización Vendedores Libres estima en seis mil el número de trabajadores y trabajadoras que fueron detenidos en los últimos cuatro años; 1200 de ellos son senegaleses.
El año pasado, otro informe, esta vez de la Defensoría del Pubelo de la Ciudad, había dado cuenta de la persecución deproporcionada contra los migrantes senegaleses, en especial aquellos integrantes de la comunidad que subsisten a través de la venta ambulante.
Si bien, según el artículo 88 del Código Contravencional, “no constituye contravención la venta ambulatoria en vía pública o en transportes públicos de baratijas o artículos similares, artesanías o la venta que no implique competencia desleal efectiva para el comercio establecido”, la realidad es que les vendedores ambulantes permanentemente sufren situaciones de represión y hostigamiento.
“La mayoría de las intervenciones llevadas adelante resultan excesivas y desproporcionadas, siendo los funcionarios policiales -en algunos casos junto con funcionarios de las áreas de Fiscalización y Control de GCBA, quienes las ejecutan”, indica el reporte.
Además, insiste en que la interacción entre la Policía de la Ciudad y ciudadanos senegaleses que desarrollan actividades económicas en la vía pública culmina con la detención del vendedor, como consecuencia de la imputación de algún delito en ese contexto.
En la amplia mayoría se les imputa infracción a la Ley de marcas y en un segundo lugar el delito de resistencia a la autoridad. “La sanción que recae sobre el colectivo senegalés por la actividad desarrollada en el espacio público, se observa como una manifestación de dominación por medio del ejercicio del poder del sistema judicial sobre los migrantes”, señala la Defensoría.
El DNU N° 70/2017 dictado durante la gestión de Cambiemos y derogado a principios de 2021 amplió los mecanismos para expulsar personas extranjeras del país, incluso en casos en los que no tuvieran una condena en el fuero penal. Por tanto, una simple contravención podría significar una situaciòn de extrema vulnerabilidad.
De acuerdo con un relevamiento realizado por la Procuración Penitenciaria de la Nación en base a cifras oficiales, entre enero de 2018 y septiembre de 2019, se dictaron órdenes de expulsión a 2.809 personas por ingreso irregular, y otras 2.128 por irregularidades en sus trámites migratorios. Por su parte, se ordenó la expulsión de 2.310 personas con condena no firme o antecedentes por cualquier delito, y 1.642 por condenas no firmes por tráfico de estupefacientes, entre otros delitos.
Los representantes de la comunidad senegalesa denuncian que, entre otros abusos, los comerciantes son golpeados y detenidos a diario, que se les confisca la mercadería y se les arman causas contravencionales y penales que más tarde dificultan su acceso a trabajos formales. También, subrayan el tono xenofóbico que envuelve el accionar policial.
Además de la Policía, la política del gobierno de la Ciudad como los migrantes se complementa con el accionar de los agentes de Espacio Público, cuyos operativos tampoco están excentos de violencia y racismo, de acuerdo a los dirigentes de la comunidad.
Vale recordar que a partir de 2016, Naciones Unidas elaboró cinco informes contra la violencia institucional del macrismo, sobre todo contra los migrantes. En marzo de 2018, el relator de la ONU para los afrodescendientes, Mutuma Ruteere, tomó testimonios de trabajadores senegaleses que fueron perseguidos y atropellados por la policía.
En tanto, las políticas contra los migrantes senegaleses no son solo patrimonio de la ciudad de Buenos Aires. Los despliegues de represión policial se han replicado en otros distritos gobernados por Cambiemos, que han imitado el «modelo» porteño. Tal fue el caso de Quilmes, cuando era intendente Martiniano Molina, donde también trascendieron operativos violentos; o La Plata, gobernada por Julio Garro, donde la zona céntrica de la ciudad fue militarizada en su totalidad para impedir la venta ambulante