A pocos minutos de navegación desde Buenos Aires y a orillas del Río de la Plata, las pacíficas tierras que bordean la histórica ciudad de Colonia del Sacramento, en Uruguay, se convertirán en el escenario de un ambicioso experimento socioeconómico y urbano.

Bajo el nombre de +Colonia, un megaproyecto inmobiliario de corte tecnológico busca transformar 500 hectáreas en un hub internacional para nómadas digitales, empresas de tecnología e inversores globales.

Impulsado por un grupo de empresarios argentinos y uruguayos encabezado por Eduardo Bastitta, el plan prevé la construcción de barrios residenciales, distritos de innovación, espacios de coworking y zonas francas de servicios a lo largo de tres décadas, con la promesa de atraer a decenas de miles de residentes.

“Una nueva ciudad”, dicen sus impulsores, que reconocen que “busca duplicar la población de Colonia” actual.

Detrás de los efectores locales del proyecto, la inspiración es del norteamericano Dryden Brown, un empresario tecno-libertario que ya se reunió con el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, y aseguró que la ciudad “adscribirá a la legislación” de ese país.

El mes pasado, durante su participación en el Diálogo Presidencial sobre Inteligencia Artificial, celebrado en Nueva York y convocado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Orsi había propuesto consolidar a Uruguay como “un hub regional confiable para desarrollar, probar y escalar soluciones de inteligencia artificial para América Latina y el mundo”, en referencia a la instalación de Praxis en el territorio uruguayo.

“Yo siempre dije que Uruguay generó un nuevo polo de atracción. Además del área metropolitana de Montevideo, otro es Punta del Este y el tercero va a tener que ser Colonia. Lo dije hace tiempo y por ahí viene la cosa”, había dicho el presidente.

Praxis is building a new city in Uruguay.

Construction has begun. Residents move in 2027.

Thank you for joining us for the beginning of our long journey. More in @NYTimes. pic.twitter.com/nh2uR1FGoE

— Praxis (@praxisnation) September 22, 2026

Brown lidera Praxis,una comunidad tecnológica respaldada por financiamiento vinculado a criptomonedas. Cuenta con el apoyo de firmas de capital de riesgo de Silicon Valley como Paradigm y Apollo Projects. Entre sus miembros figuran corporaciones como OpenAI, Anthropic, Tesla y SpaceX, además de instituciones académicas como Harvard, Oxford, Princeton y Stanford. Y ya reúne a más de 1.500 personas a nivel global.

Qué es una “criptociudad”

Praxis se presenta como una “criptociudad” o “comunidad intencional” que aspira a refundar la vida urbana sobre la descentralización, la estética neoclásica y la libertad económica radical. Y su inserción en el proyecto colocó a +Colonia en el centro del debate global sobre las charter cities, o ciudades privadas.

El concepto tiene su origen en el Nobel de Economía Paul Romer, quien a fines de la década de 2000 propuso que países en desarrollo delegaran la administración judicial, fiscal y regulatoria de zonas especiales a naciones desarrolladas para generar seguridad jurídica y atraer inversión.

En Silicon Valley, sin embargo, la idea derivó hacia versiones libertarias y anarcocapitalistas, influidas por figuras como Peter Thiel y Balaji Srinivasan, autor de The Network State.

Su planteo es que comunidades virtuales acumulen capital en línea y luego se materialicen en territorios comprados en países soberanos, donde los ciudadanos funcionarían como clientes o accionistas y las leyes como términos de servicio.

Los críticos hablan de un “tecno-feudalismo” en el que la participación democrática se reemplaza por la propiedad accionaria. Y advierten sobre las tensiones soberanas y regulatorias de este tipo de proyectos, y su impacto en las comunidades locales.

Analistas urbanos incluso advierten sobre una “isla de prosperidad” desconectada del tejido social del departamento.

Leyes uruguayas, capitales extranjeros

El marco jurídico uruguayo impone límites claros. La Constitución no contempla la cesión de soberanía territorial ni la creación de jurisdicciones judiciales o policiales privadas, y la Junta Departamental de Colonia y el Congreso Intendencial conservan el control sobre el ordenamiento territorial, el uso del suelo, los impuestos locales y los servicios públicos.

Según especialistas en derecho constitucional y urbanismo, cualquier régimen especial de autonomía exigiría reformas legislativas de fondo, algo improbable en un sistema político basado en el consenso y la gradualidad.

El proyecto deberá entonces operar bajo la propiedad horizontal y el régimen de zonas francas ya existentes, lo que diluye las aspiraciones de autogobierno de sus socios norteamericanos.

La dependencia del ecosistema cripto suma otro factor de incertidumbre. El uso de NFT para representar membresías y derechos de propiedad, y el financiamiento con activos digitales volátiles, exponen la obra a los ciclos del mercado: un “invierno cripto” podría paralizar infraestructura crítica a mitad de camino.

A ello se agrega la dificultad de rastrear el origen de ciertos flujos de capital, lo que obligaría a los organismos de control financiero uruguayos a extremar la supervisión en materia de lavado de activos, por más que su legislación sea más laxa al respecto que la de países vecinos.

La propuesta, sin embargo, crece con nuevos socios, como la constructora porteña CRIBA, y atrae interesados en la dinamización económica, el empleo calificado y la modernización tecnológica del sudoeste del país vecino, que deberá ejercer un liderazgo regulatorio que subordine el proyecto al interés público y a la ley nacional.