El caso fue impulsado por los estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregón, que demandaron al gobierno federal tras la emisión de la orden.
Estos estados argumentaron que la eliminación del derecho a la ciudadanía por nacimiento afectaría directamente sus sistemas de salud, educación y servicios sociales, además de generar consecuencias legales y administrativas de amplio alcance.
La orden ejecutiva establece que un niño nacido en Estados Unidos no puede ser ciudadano si su madre se encuentra en el país sin estatus migratorio legal o de manera temporal, y si el padre tampoco es ciudadano ni residente permanente.
Esta disposición buscaba reinterpretar la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda, que establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos”.
El tribunal de apelaciones resolvió la cuestión con una votación de 2-1.
La mayoría coincidió con la interpretación del tribunal de distrito de que la orden ejecutiva vulneraba la Constitución.
El juez disidente, Patrick Bumatay —nombrado por Trump— cuestionó el derecho legal de los estados para demandar.
En su opinión, los estados no demostraron legitimación para impugnar la medida, y consideró que la emisión de una orden cautelar de alcance nacional excedía el ámbito judicial.
La decisión del Noveno Circuito se produce en un contexto en que la Corte Suprema ha restringido recientemente la capacidad de los tribunales inferiores para emitir medidas cautelares de aplicación nacional.
Sin embargo, el tribunal consideró que este caso encajaba dentro de una de las excepciones permitidas, ya que afectaba directamente a los estados demandantes.
La demanda se basó también en precedentes históricos.
Los estados citados recordaron el caso United States v. Wong Kim Ark (1898), en el que la Corte Suprema afirmó que un niño nacido en San Francisco de padres chinos —que no eran ciudadanos estadounidenses— tenía derecho a la ciudadanía por nacimiento.
La interpretación actual de la Cláusula de Ciudadanía se apoya en ese fallo, que ha sido considerado determinante para la doctrina constitucional vigente.
El Departamento de Justicia defendió la orden ejecutiva alegando que la frase “sujeto a la jurisdicción de Estados Unidos”, presente en la Decimocuarta Enmienda, permite limitar la ciudadanía por nacimiento.
Según sus abogados, esa cláusula excluye a hijos de personas que no están plenamente sujetas a las leyes del país, como los inmigrantes sin estatus legal o los que permanecen bajo visados temporales. Los tribunales rechazaron esta interpretación.
La Casa Blanca y el Departamento de Justicia no emitieron declaraciones públicas tras la decisión judicial.
Con este fallo, el asunto queda ahora en una posición que podría llevarlo a revisión por parte de la Corte Suprema.
Hasta el momento, al menos nueve demandas en todo el país han impugnado la orden de Trump, que no llegó a entrar en vigor debido a los bloqueos judiciales sucesivos.