El Gobierno de Salta definió avanzar en la construcción de un alambrado divisorio en la frontera con Bolivia y generó polémica. El interventor del municipio de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, argumentó que el objetivo es evitar la expansión de la “narcofrontera”.
“Aparecían decapitados, gente ejecutada con precintos en las espaldas, mexicaneadas, sicariatos, era un descontrol”, relató en declaraciones radiales, y agregó: “Por eso, el gobernador de la provincia pide asistencia a la Nación y con la ministra Bullrich lanzaron el Plan Güemes”.
Zigarán reveló además que el alambrado tendrá 200 metros de ancho que irán desde la terminal del pueblo a la oficina de Migraciones, que contará con dos metros y medio de alto, y que se utilizará para “evitar que la gente pase hacia Bolivia sin hacer migraciones”.
El objetivo del alambrado de púas es definir mejor el límite entre Aguas Blancas (Argentina) y Bermejo (Bolivia).
“En Aguas Blancas, la oficina de migraciones está a 200 metros de la terminal del pueblo, y esto paralelo al Río, por eso, todos llegan a la terminal, saltan un pequeño muro y salen a Puerto Chalanas y cruzan a Bolivia para comprar. No pasan ni por migraciones de ida ni de vuelta. Tampoco Aduana. Entran y salen ilegales”, denunció.
La Cancillería boliviana criticó esta iniciativa mediante un comunicado en el que señaló que “los temas fronterizos deben ser tratados por medio de mecanismos de diálogo bilaterales establecidos entre los Estados para encontrar soluciones coordinadas a temas en común”. Asimismo, advirtió que “cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos”.