La Santa Sede confirmó la culpabilidad del sacerdote argentino Carlos Miguel Buela, fundador del Instituto del Verbo Encarnado (IVE) y de las Siervas del Señor y de la Virgen de Matará (SSVM), por delitos sexuales cometidos con violencia contra varias personas. Buela murió en 2023 en Génova, Italia.
Según informó Vatican News, tanto el Tribunal Penal Especial de Primera Instancia como el Tribunal de Apelación alcanzaron la “certeza moral” de su responsabilidad. Los hechos fueron encuadrados en el canon 1395 §2 del Código de Derecho Canónico, que regula los delitos contra la moral sexual.
La decisión fue difundida mediante un comunicado firmado por la prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada, sor Simona Brambilla, y por los dos delegados pontificios que acompañan a las congregaciones desde enero de 2025: el obispo José Antonio Satué Huerto, para la rama masculina, y la hermana Clara Echarte, para la femenina. Ambos comunicaron el fallo a los superiores provinciales de los dos institutos en una reunión realizada en Roma el 14 de septiembre.
Las denuncias
Buela era uno de los sacerdotes más conocidos de América Latina y había sido acusado de abuso sexual por cerca de veinte seminaristas desde la década de 2000. La resolución cierra un proceso de dos instancias dentro de la Iglesia.
El antecedente más directo se remonta a diciembre de 2016, cuando el Vaticano admitió la veracidad de las denuncias y la imputabilidad de Buela por comportamientos impropios con mayores de edad. En ese momento se aclaró que no se habían constatado casos de abusos de menores.
Uno de los denunciantes objetó entonces esa conclusión y sostuvo que había más de una docena de adultos en situación de vulnerabilidad, por depender de Buela o estar bajo su dirección espiritual. Al sacerdote ya se le había prohibido todo ejercicio ministerial.
Una carta con pedidos concretos
El 23 de septiembre, los delegados pontificios enviaron además una carta a todos los miembros del IVE y las SSVM. El sitio Abusos IVE SSVM, que difundió el texto, señala que allí se reclama aceptar con decisión los hechos comprobados por los tribunales y dejar de sostener “argumentos falaces”.
Según esa publicación, la carta menciona a cinco miembros y exmiembros del IVE en relación con la condena.
Los delegados piden, además, cambiar la mirada hacia las víctimas, que habrían sufrido primero las acciones del fundador y luego el trato de las propias congregaciones, y solicitan que se les pida perdón y se les ofrezca acompañamiento.
También plantean distinguir el carisma de los institutos de la persona y las prácticas de Buela, revisar las constituciones, las estructuras de gobierno, la formación y el ejercicio de la autoridad, y fijar criterios para el uso de sus imágenes y escritos.
Justicia y reforma
Según el comunicado, la difusión de las conclusiones apunta a restablecer la verdad, a hacer justicia con quienes sufrieron daños y a informar a los miembros de ambos institutos. También busca impulsar la revisión y renovación de su espiritualidad, su formación y su apostolado.
Los institutos fueron fundados en la década de 1980 en la Diócesis de San Rafael, Mendoza, y tienen hoy su sede en la Diócesis de Velletri-Segni, en Italia.
Se extendieron a más de 25 países en cinco continentes.
La Santa Sede siguió de cerca su situación durante años: el cardenal Santos Abril y Castelló fue comisario pontificio de la rama masculina, ante problemas de gobierno interno y acusaciones de abuso de poder y de conducta sexual contra el fundador, hasta que su tarea concluyó en 2025 con la designación de los actuales delegados.