Actualmente, se encuentra pendiente ante la Corte Suprema un recurso extraordinario federal por parte de la fiscalía que espera la resolución sobre las causas donde se investigan torturas a soldados durante la Guerra de Malvinas.

A cuarenta años del fin del conflicto bélico, las víctimas reiteraron un reclamo que lleva meses: que la Corte Suprema resuelva sobre su caso. Por eso, los representantes legales de al menos 13 ex combatientes chaqueños y correntinos se expresaron en una conferencia de prensa que visibilizó como la causa duerme en los archivos del máximo tribunal desde “hace un año”. Los querellantes buscan acelerar la causa Nº 1777/07 ante las sucesivas apelaciones interpuestas por las defensas de los militares acusados.

El reclamo cuenta con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia del Chaco, así como de la Fundación Soberanía y Memoria, y está previsto además que los representantes legales de las víctimas den a conocer documentación que será presentada a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. También, la querella comenzó a investigar sobre otro de los costados menos conocidos de la guerra: los casos de soldados que, tras la rendición, el 14 de junio de 1982, volvieron al país, pasaron lo que en la jerga militar se conocía como fase de “engorde” (alimentarlos para luego presentar los mínimamente mejorados ante sus familias) para luego, sin saber por qué, permanecer detenidos casi hasta la vuelta de la democracia, en diciembre de 1983.

“Ellos piden, principalmente, justicia. ¿Y cuál sería la justicia? Ir a un debate oral y público, con una serie de denuncias contra personal superior de las Fuerzas Armadas, donde los denunciados se puedan defender, y en base a las pruebas, un tribunal decida si son culpables o no. Para nosotros, los delitos están demostrados, y faltaría que un tribunal diga que existieron los delitos, que están comprobados y les corresponde esta pena. Queremos justicia en el sentido de que, si son culpables del hecho, que sean condenados”, dijo Miguel Ángel Ávila, abogado de estos ex combatientes ante Tiempo Argentino.

La acción de los querellantes se suma a los esfuerzos del Ministerio Público Fiscal.

El pasado viernes, el titular de la Fiscalía General N°4 ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier Augusto De Luca, interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra un fallo de la Cámara Federal de Casación, en el marco de una de las causas donde se investigan torturas a soldados durante la Guerra de Malvinas.

La intención del Fiscal es que el máximo tribunal de Justicia se expida sobre si los hechos de tortura contra los soldados en Malvinas constituyen o no delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, son imprescriptibles. “Las víctimas de torturas en el campo de batalla hace 40 años que esperan por Justicia”, resaltó De Luca.

“Esto es lo que se pretende en estas actuaciones: que la Corte Suprema abra el recurso y analice de una vez por todas el fondo del asunto, a fin de resolver de una manera definitiva si los delitos aquí investigados son de lesa humanidad, crímenes de guerra o graves violaciones a los derechos humanos” detalla el escrito.

Retrocesos
La Cámara Federal de Casación Penal anuló el procesamiento a tres exmiliares acusados por torturas a soldados conscriptos durante la guerra de Malvinas en 1982, al remitirse a un fallo anterior que consideró prescriptos los hechos por no constituir delitos de lesa humanidad.

La decisión de la sala I del máximo tribunal penal federal del país benefició a los acusados Eduardo Gassino, Miguel Ángel Garde y Gustavo Calderini, cuyos procesamientos por el delito de “vejaciones” quedaron anulados, según el fallo al que tuvo acceso Télam.

Los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, con la disidencia de la tercera integrante de esa sala Ana María Figueroa, anularon lo resuelto por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y ordenaron dictar una nueva resolución.

Casación hizo lugar así a planteos de la defensa de los procesados y de otro acusado con falta de mérito, Belisario Affranchino Rumi.
Por su parte, el abogado del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata, Jerónimo Guerrero Iraola, repudió hoy la anulación del procesamiento: “La decisión de la Cámara es una aberración jurídica que convalida la impunidad en clara oposición al derecho internacional, las torturas son violaciones a los Derechos Humanos”, explicó Guerrero Iraola en diálogo con Télam y anticipó que acudirán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El Tribunal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia había confirmado los procesamientos al considerar que se cometieron delitos de lesa humanidad, en sintonía con el juzgado de primera instancia de Rio Grande que lleva la causa.

Pero las defensas recurrieron a Casación en base a precedentes en los cuales el máximo tribunal penal del país consideró prescriptos los delitos por no tratarse de hechos de lesa humanidad, la cuestión central del recurso extraordinario planteado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.