Según anunciaron tras una reunión virtual, no descartan comenzar una acción colectiva en la Justicia en el caso de que no se convoque a audiencia pública antes de aplicar los aumentos. Mientras tanto, consultores analizan el impacto inflacionario de la medida.
Para la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC) y Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), la concientización energética es válida, pero advierten que “esto se hace para ahorrar dólares y exportar más energía, o sea, cumplir con las metas del acuerdo con el FMI”, aseguró Osvaldo Bassano, titular de ADDUC.
“No aceptamos cómo está planteada la segmentación, tiene que haber audiencia pública previa a los aumentos, y si no vamos a demandar colectivamente al Estado. Está poco clara y es injusta”, agregó.
A partir de septiembre el esquema tarifario será aplicado de manera inédita en la Argentina: el consumo de luz, agua y gas se facturará en base a la categoría en la que el hogar se ubique según la situación patrimonial y de ingresos. Así lo adelantó el ministro de Economía, Sergio Massa, y se espera que el próximo jueves 25 de agosto sea oficializado por la Secretaría de Energía.
Lo que está vigente es el decreto 332/22, que sólo contempla incrementos para el sector que está por encima de las condiciones de ingresos y patrimonio mínimos que solicita el formulario, no para otro sector. “Todo lo demás es información que no está sustentada en ninguna normativa ni resolución firme. Si van a modificar el esquema de facturación, tienen que hacerlo por audiencia pública. Si no, pueden aparecer planteos judiciales”, alertó Bassano.
Por su parte, Claudio Boada, presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores, denunció que “los topes para consumo no fueron discutidos en audiencia pública” y aseguró que “del 10 por ciento inicial de consumidores que serían afectados por los aumentos, estamos condiciones de decir que la aplicación va a abarcar al 60 o 70% de la población”
Sólo los hogares que quedarán por fuera de la asistencia del Estado, 4 millones según el dato oficial, deberían recibir actualizaciones de hasta el 400%, repartidas en tres bimestres.
Fuentes oficiales aseguran que el 80% de los usuarios residenciales de Edenor y Edesur consume menos de 400 kWh. A nivel nacional, solo dos de cada diez usuarios sufrirían la actualización por superar el límite de consumo subsidiado. En el caso del gas, la quita del subsidio seguiría la misma lógica, considerando diferencias climáticas, estacionalidad y costo de distribución.