El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, dispuso la ampliación de facultades para que las fuerzas policiales y de seguridad federales combatan el delito de intermediación financiera no autorizada vinculada al uso de criptoactivos.
La normativa subraya la importancia de prevenir delitos como las estafas piramidales, que afectan a víctimas de diversos estratos sociales mediante la promoción de inversiones ficticias con retornos irreales en monedas tradicionales o activos virtuales.
Se estableció, por otro lado, la actualización del artículo 2° de la Resolución 428/2024, que regula las tareas preventivas en ambientes cibernéticos, incluyendo ahora delitos como el lavado de activos, la trata de personas, el terrorismo, y las infracciones relacionadas con el acoso y violencia por motivos de género, entre otros.