El magistrado también le pidió al director ejecutivo del Centro de Análisis, Comando y Control de la PSA, comisionado mayor Maximiliano Lencina, que “él y/o personal que designe a tal efecto, informe cualquier movimiento que se produzca sobre la aeronave”, informaron fuentes judiciales citadas por la agencia pública de noticias Télam.
Los involucrados son Mohammad Khosraviaragh; Gholamreza Ghasemi; Mahdi Mouseli; Saeid Vali Zadeh; y Abdolbaset, Mohammadi, quienes permanecerán sin esa documentación por al menos 72 horas.
El titular de la DAIA, Jorge Knoblovits, explicó que como representante de la comunidad judía argentina que sufriera el atentado a la AMIA- DAIA como víctima directa perpetrado el día 18 de julio de 1994, le “genera un interés legítimo para que se investiguen los hechos denunciados”.
Villena había determinado este domingo que la Dirección Nacional de Migraciones “actuó en el marco de sus facultades” en el caso del avión de carga venezolano demorado en el aeropuerto internacional de Ezeiza y declaró “abstracto” el hábeas corpus presentado por el abogado de la tripulación.
En la resolución, emitida un domingo en razón de tratarse de una solicitud de hábeas corpus, el juez repasó los últimos acontecimientos vinculados a la llegada al país del Boeing 747 Dreamliner de la empresa Emtrasur, con matrícula venezolana YV3531.
En ese sentido, mencionó que la aeronave “fue sometida a un exhaustivo control por parte de la PSA, personal de la Dirección General de Aduana (DGA), Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y de la Policía Federal Argentina”.
Repercusiones oficiales
El canciller Santiago Cafiero afirmó que el Gobierno espera que el juzgado determine “el procedimiento a seguir” en el caso del avión de carga. “No tenemos ningún tipo de requerimiento diplomático de Venezuela. Es estrictamente una cuestión de seguridad. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) actuó bien, conforme a las normativas, y pasó a ser (un tema) judicial. Cuando se determine en el juzgado el procedimiento a seguir, será lo que vamos a hacer”, explicó el canciller.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, relató que al entrar al país ninguno de los tripulantes del avión contaba con alertas rojas, pero “con posterioridad al ingreso se recibe por distintos canales información de organismos extranjeros que advertían de la pertenencia de parte de la tripulación a empresas relacionadas con la fuerza Quds de La Guardia Revolucionaria de Irán”.
“La Argentina tiene respeto y relación con todos los países soberanos, pero si hay situaciones de esas características debe tomar determinadas acciones. Nunca se les negó la posibilidad de que pudieran moverse en Argentina con un permiso provisorio (pero había) alguna complicación en papeles de la aeronave y situaciones que revisar y definir”, agregó.
Cafiero confirmó que el avión “en principio paró en Córdoba esos días de mucha niebla que los aviones no podían bajar en Ezeiza. En ese contexto, bajó a Córdoba y luego fue a Ezeiza. Las fuerzas de seguridad argentinas lo retuvieron y eso derivó en la investigación que “todavía no tiene resultados”.
“Este tema por supuesto que activa todas las sensibilidades y es algo totalmente razonable. Queremos ser muy cautos y separar las cosas. Nosotros seguimos con nuestros reclamos al gobierno iraní de que exista colaboración para la investigación de fondo en la causa AMIA y es algo que vamos a seguir permanentemente reclamando”, subrayó.
Además, expresó que, en esa causa, “se renovaron las alertas rojas” y, aunque Argentina “continúa con su reclamo e investigación”, siempre hay trabas “por esta parte del Gobierno iraní que no acepta colaborar con la justicia argentina”.