La Secretaría de Derechos Humanos le pidió a la Justicia Federal que inicie una “investigación penal urgente sobre el accionar de las fuerzas de seguridad provinciales en la feroz represión” contra manifestantes en Jujuy.
Mientras se mantienen las protestas contra la reforma constitucional impulsada por el gobierno de Gerardo Morales, la Secretaría de DDHH activó la presentación uego de las denuncias que recibió tras las visitas que se realizaron a la provincia.
La presentación judicial incluyó “testimonios y pruebas sobre prácticas violatorias de los derechos humanos por parte de la Policía de Jujuy que fueron recogidas en los últimos días por la delegación que encabezó el secretario Horacio Pietragalla Corti en la provincia”.
“Las víctimas relataron haber recibido golpes y malos tratos al momento de las detenciones, disparos de balas de goma en el rostro y detenciones arbitrarias, incluso lejos del lugar donde se realizaban las manifestaciones”, se consignó.
Asímismo, se informó que en las declaraciones recolectadas se señaló “la utilización de vehículos sin identificación, el ingreso a viviendas particulares sin orden de allanamiento y la presencia de policías infiltrados entre los manifestantes”.
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“Hemos constatado numerosos delitos perpetrados por personal policial que -más allá de las responsabilidades de los autores directos- dan cuenta de una actuación organizada de manera ilícita desde las más altas cúpulas del Gobierno de la Provincia”, remarcó en la presentación.
El escrito también menciona que “el propio gobernador Gerardo Morales publicó en sus redes sociales los antecedentes judiciales de supuestos manifestantes, información que sólo debería manejar el Poder Judicial”.