El Senado dio media sanción en la madrugada de este viernes a la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental (26.657). La votación en general terminó 42 a 21, sin abstenciones, y el proyecto pasó a la Cámara de Diputados.
El texto fue enviado por el Poder Ejecutivo en abril, pero sufrió varias modificaciones en el camino hacia su aprobación. La prohibición de crear manicomios seguirá vigente.
Con la media sanción, el proyecto quedó en condiciones de ser tratado por la Cámara de Diputados. Si la cámara baja lo aprueba sin cambios, será ley. Si lo modifica, volverá al Senado.
Internaciones involuntarias
El cambio central está en el criterio para disponerlas. Podrán ordenarse ante una situación de “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física” de la persona o de terceros. La ley de 2010 exigía un riesgo cierto e inminente.
La evaluación deberá considerar no solo el estado actual del paciente, sino también sus antecedentes de conductas o ideaciones dañosas y la evolución previsible si no recibe tratamiento.
El proyecto fija estas condiciones y plazos:
- Firma de dos profesionales para ordenar la medida, con una evaluación interdisciplinaria.
- Aviso al juez en 24 horas. El magistrado tendrá tres días para convalidarla, pedir peritajes adicionales u ordenar la externación.
- Procedimiento de urgencia: si hay un solo médico disponible, puede ordenar la internación, que debe ser ratificada en 48 horas por un equipo interdisciplinario especializado.
- Intervención judicial: los jueces podrán ordenar una internación involuntaria cuando un prestador de salud se niegue a realizarla pese a cumplirse los requisitos legales.
- Plan de egreso desde el primer día. Una internación de más de 180 días se considera prolongada y activa de oficio la intervención del Órgano de Revisión.
- El texto reafirma que la internación es una medida terapéutica excepcional, que solo procede cuando ofrece más beneficios que el tratamiento ambulatorio. También modifica artículos del Código Civil y Comercial sobre internaciones sin consentimiento y mantiene el control judicial.
Dónde se internará y quién atenderá
Las internaciones podrán hacerse en hospitales generales y también en hospitales especializados en psiquiatría y salud mental, o en instituciones específicas, públicas o privadas. Se prohíben expresamente los nuevos manicomios y las prácticas manicomiales.
Los equipos de atención deberán incluir obligatoriamente a un médico psiquiatra, junto con psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros y terapistas ocupacionales. Donde no pueda garantizarse su presencia física, el psiquiatra podrá intervenir mediante teleconsultas sincrónicas.
Antes de dar el alta a una persona en internación voluntaria que pide irse, el equipo deberá evaluar si su capacidad de juicio está alterada.
La reforma incorpora expresamente las adicciones a las políticas de salud mental y amplía el concepto para incluir la ludopatía.
Reconoce directivas anticipadas, que permiten aceptar o rechazar tratamientos futuros y designar a alguien que preste el consentimiento. También reafirma la prohibición de diagnosticar con criterios discriminatorios, y establece que un diagnóstico no implica por sí solo presunción de riesgo ni restricción de la capacidad.
Para las familias, el proyecto prevé psicoeducación y apoyo, y fija derechos para quienes cumplen tareas de cuidado.
También establece la obligación de los representantes o allegados de presentarse al momento del alta. La intervención familiar se limita a padres, hijos, cónyuges, convivientes y representantes legales.
Para niños y adolescentes, la atención deberá darse en dispositivos diferenciados de los de adultos. La internación en unidades de adultos queda limitada a casos excepcionales y por el tiempo mínimo. El texto garantiza el derecho a ser escuchados, la autonomía progresiva y la no criminalización del consumo.