¿Qué pasa en Nicaragua?

Nicaragua vive la campaña electoral más convulsionada de su historia democrática reciente. Ortega lleva 14 años al frente del país, y en noviembre buscará su cuarto mandato consecutivo.
Pero las recientes detenciones de una docena de dirigentes, entre ellos varios precandidatos presidenciales, pusieron nuevamente a la región otra vez en alerta.
Entre los arrestados se destacan la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, señalada como la candidata opositora con mayores posibilidades de enfrentar a Ortega en los comicios. El pasado 2 de junio la policía allanó su vivienda y la dejó bajo arresto domiciliario, acusándola de lavado de dinero.

El 5 de junio, las autoridades detuvieron al también aspirante presidencial y exembajador en Washington, Arturo Cruz. Tres días después, los precandidatos Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro corrieron la misma suerte, señalados por “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”, de acuerdo con la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, sancionada por el país el año pasado.

Esta ley considera “traidor a la patria” al que financie un golpe de estado o que incite a la injerencia extranjera. Otra legislación que va en el mismo sentido, es la de los “agentes extranjeros”, sancionada en octubre de 2020. La normativa bloquea el financiamiento internacional a las ONGs, medios y opositores; y obliga a los organismos de esta índole a registrarse como tales para recibir fondos.

El gobierno de Ortega acusa también a Washington de financiar con fines golpistas a las organizaciones locales a través de la USAID, la agencia de los EEUU para el desarrollo, a la que con frecuencia se atribuye ser la “pata social” de la CIA.

Aunque la oposición al sandinismo se encuentra fragmentada, a inicios de 2021, el antiorteguismo estaba dividido en dos grandes bloques: la Alianza Ciudadana, cercana al llamado «gran capital» nicaragüense, y la Coalición Nacional, más cercana a la sociedad civil y compuesta por una extraña amalgama de partidos políticos, movimientos sociales y agrupaciones opositoras surgidas tras las movilizaciones de 2018.

Sin embargo, su excesiva dependencia de la comunidad internacional y su discurso polarizante contra la mayor identidad política del país, el sandinismo, hace difíciles sus chances electorales: según la última encuesta realizada por CID-Gallup, el FSLN mantiene un apoyo de 25% de los votantes, mientras que ninguna formación opositora llega ni a 5%.

Ante la crisis, el partido de gobierno considera que Washington busca obstaculizar su modelo de desarrollo soberano. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras Cortés, declaró este miércoles que “el pueblo no aceptará que Estados Unidos u otra nación extranjera determinen el futuro de ese país”.

La semana pasada, el Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció nuevas medidas ilegales y unilaterales contra el gobierno nicaragüense, que se suman al paquete de sanciones que el gobierno de Trump aprobó en diciembre de 2020 y que dañó seriamente la respuesta del país a la pandemia. Planteadas como una estrategia de presión para la liberación de los detenidos, las sanciones, en los hechos repercuten duramente sobre los nicaragüenses de a pie, y cimentan los argumentos de Ortega.

En una conmemoración de Augusto Sandino, el presidente usó la oportunidad para referirse a la crisis y afirmó ser víctima de “un ataque implacable y sin precedentes (…) impulsado por falsas narrativas propugnadas por medios de derecha y figuras de oposición, financiados por Estados Unidos”.

Las discrepancias internas dentro del sistema interamericano, evidenciadas en la reacción al golpe de Estado en Bolivia, tampoco hace fácil un esfuerzo multilateral para encontrar una salida dialogada a la crisis en Nicaragua.

La Organización de los Estados Americanos (OEA), condenó “inequívocamente” el arresto de los al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua en las últimas semanas, y pidió su “inmediata liberación”

La decisión fue adoptada por 26 votos durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, el órgano ejecutivo del bloque regional que reúne a sus 34 miembros activos y que se realizó en formato virtual.

Pero la propuesta del secretario Luis Almagro distó de ser bienvenida por varias de las naciones que integran el cuerpo multilateral.

En concreto, Almagro pidió “al Consejo Permanente la realización de una reunión de urgencia en la cual (…) debería considerarse la activación de mecanismos necesarios para la aplicación a Nicaragua del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana”.

Dicho artículo prevé suspender la participación de un miembro de la OEA si dos tercios de sus integrantes consideran que se ha producido “una ruptura del orden democrático” y que “las gestiones diplomáticas han sido infructuosas”.

Argentina y México fueron dos de los países que al abstenerse de votar la resolución, unificaron posturas respecto de la situación en Nicaragua, al expresar la “preocupación” compartida “por los acontecimientos ocurridos” en ese país centroamericano y especialmente por “la detención de figuras políticas de la oposición, cuya revisión contribuiría a que el proceso electoral reciba el reconocimiento internacional apropiado”.

El comunicado conjunto aclaró que la postura de los Gobiernos argentino y mexicano nace del compromiso “con el respeto y la promoción de los derechos humanos desde una concepción integral dentro de la cual están contenidos los derechos civiles, políticos y electorales”.

“Hemos sido testigos, en varios países de la región, de casos inadmisibles de persecución política. Rechazamos esta conducta”, advirtieron Argentina y México según el texto difundido por Cancillería. En el comunicado, ambos países explicaron por qué no acompañaron la resolución en la OEA.

Se declararon en desacuerdo con “los países que, lejos de apoyar el normal desarrollo de las instituciones democráticas, dejan de lado el principio de no intervención en asuntos internos, tan caro a nuestra historia”.

“Tampoco con la pretensión de imponer pautas desde afuera o de prejuzgar indebidamente el desarrollo de procesos electorales. -continuó el texto- En este contexto, no nos fue posible acompañar el proyecto de resolución puesto a consideración este martes en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Es perentorio que la OEA retome el espíritu constructivo de su Carta”.