Durante la cadena nacional, Javier Milei expresó el rechazo del gobierno argentino a un proyecto de extracción off shore de petróleo en las Islas Malvinas. La posibilidad de que se empiece a producir crudo en la zona, reavivó la tensión diplomática entre Buenos Aires y Londres. El Presidente anticipó que el Gobierno tomará medidas para evitar la explotación de los recursos argentinos por parte de empresas extranjeras en los mares circundantes al archipiélago.
El proyecto Sea Lion busca operar en el mar a 220 kilómetros al norte del archipiélago y es operado por dos compañías. Navitas Petroleum, de origen israelí posee una participación del 65%, mientras que el 35% restante pertenece a la británica Rockhopper Exploration.
Las empresas involucradas aprobaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para desarrollar la primera etapa proyectada para inicios de 2028. El desembolso previsto ronda los u$s1.800 millones, con un esquema de financiamiento que contempla cerca de u$s1.000 millones de deuda.
El reclamo argentino
Nuestro país fundamenta su posición en la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que prohíbe las acciones unilaterales en el área sujeta a la disputa de soberanía.
Además, en el plano local está vigente la Ley 26.659 que establece sanciones para las empresas que participen directa o indirectamente en actividades hidrocarburíferas no autorizadas dentro de la plataforma continental argentina. Las penalidades también pueden alcanzar a las compañías proveedoras de servicios e incluyen inhabilitaciones de entre cinco y 20 años.
En Argentina existe actividad hidrocarburífera “costas afuera”, como es el caso frente a Tierra del Fuego, donde TotalEnergies, Harbour Energy y PAE operan distintos yacimientos. La Ley 26.659 representa un limitante para empresas internacionales que ya operan en el país.
Sea Lion combina así un importante potencial petrolero con el riesgo derivado de avanzar en un territorio bajo disputa.