El Gobierno argentino alcanzó un principio de acuerdo con dos fondos buitre que mantenían sentencias firmes a su favor por unos US$500 millones en causas vinculadas al default de 2001. El entendimiento fue comunicado ante la jueza de Nueva York, Loretta Preska.
La notificación fue presentada ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York por los abogados que representan al Estado argentino y a los acreedores. En el escrito, informaron que se logró un acuerdo preliminar para cerrar la disputa judicial y solicitaron suspender el litigio en curso mientras se terminan de definir los términos de la conciliación.
El acuerdo involucra a los fondos Attestor Master Value y Bainbridge Fund, que mantenían demandas activas contra la Argentina vinculadas a la cesación de pagos declarada en 2001. Ambos acreedores contaban con fallos firmes a su favor y, a lo largo de los años, impulsaron distintas acciones judiciales para intentar embargar activos del país en el exterior.
La presentación ante el tribunal confirma el entendimiento, aunque no detalla las condiciones pactadas. A partir de este avance, las partes pidieron dejar en pausa el litigio, incluido un pedido presentado por Bainbridge el 17 de octubre de 2025, mediante el cual reclamaba la entrega de la participación del Estado argentino en el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas mientras se resolvía el conflicto.
El expediente está a cargo de la jueza Preska, quien también interviene en el juicio por la expropiación de YPF. No obstante, la notificación presentada no aborda la moción vinculada al traspaso de acciones de la petrolera.
El entendimiento apunta a cerrar uno de los litigios más antiguos derivados del default argentino y a resolver uno de los frentes judiciales que aún permanecían abiertos en tribunales del exterior.
Qué son los fondos buitre
El conflicto con estos acreedores forma parte de los litigios derivados del default declarado por la Argentina en 2001. En los años siguientes, el país impulsó reestructuraciones de deuda en 2005 y 2010, que lograron una adhesión mayoritaria de los bonistas.
En 2016, el Gobierno argentino alcanzó acuerdos con la mayor parte de los llamados holdouts que habían iniciado demandas en tribunales de Nueva York. Esos pagos permitieron cerrar gran parte de los litigios derivados de la cesación de pagos.
Sin embargo, un grupo reducido de acreedores decidió continuar con sus reclamos judiciales. Ese remanente de demandas es el que ahora comenzó a resolverse con el principio de acuerdo informado ante la jueza Preska.