El artículo 96 del proyecto de Ley de Presupuesto 2023 faculta al Gobierno a modificar las alícuotas de retenciones a las exportaciones, tal como está constitucionalmente previsto.
De acuerdo al presupuesto, esa previsión propone la modificación del párrafo nueve del artículo 52 de la ley 27.541 (llamada “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productivo en el Marco de la Emergencia Pública). El mismo le daba la facultad del manejo de las retenciones al Gobierno Nacional hasta el 31 de diciembre del 2021.
Lo que sucedió después es historia conocida: el oficialismo no pudo aprobar el presupuesto del año 2022 que había diagramado el ex ministro Martín Guzmán y continuó la aplicación del 33% de retención para la soja y 15% para maíz y trigo. Con la modificación propuesta, el control de los gravámenes por parte del oficialismo sería hasta el 31 de diciembre del 2023.
Aunque precisaron que no es un tema de agenda de las actuales autoridades de Economía y Agricultura introducir aumentos en las actuales alícuotas de retenciones. De hecho trascendió en las últimas horas, que en los despachos de las mencionadas áreas del Gobierno, se analizan posibles bajas y eliminación de algunas retenciones en las economías regionales.
En su exposición en Diputados, el secretario de agricultura, Juan José Bahillo, afirmó que “no hay ninguna intención del Gobierno de subir la alícuota de las retenciones”.
La aclaración del funcionario fue ante las preguntas de los diputados Ricardo Buryaile y Juan López, de Juntos por el Cambio, presentes en la comisión de Hacienda.
Pero la agenda es la de las patronales del campo.
El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, sostuvo que desde el 1º de enero de este año “no existe marco legal que permita el cobro de derechos de exportación”, y recordó que por dicho motivo se presentó ante la Justicia de Córdoba para que se declare la inconstitucionalidad e ilegalidad del cobro.
“Es el Congreso quien tiene que dar el debate para cualquier medida tributaria y por eso rechazamos el presupuesto del año que viene que fija atribuciones al Poder Ejecutivo para reglamentar este impuesto de la misma manera que le pedimos a los legisladores, que debatan el tema en cuestión”, advirtió.
“Es irresponsable andar delegando facultades de otro poder como si se sacaran la responsabilidad de encima”, agregó el dirigente, quien sostuvo que una vez más el Gobierno “pretende coartar el crecimiento y el desarrollo productivo con políticas impositivas que imponen gravámenes que restringen la producción, el crecimiento y la generación de empleo”.
“Los representantes del Poder Ejecutivo no se pueden autoproponer funciones que no les corresponden. Los representantes del Poder Legislativo deben dejar de ceder sus facultades propias del cargo para el que han sido votados. Y todos ellos deben dejar de hacer caso omiso a lo dispuesto por la Constitución Nacional, que es la Ley Suprema que debe regir el funcionamiento de nuestro país”, sostuvo por su parte la Mesa de Enlace.
Un lobby detrás de los legisladores
La mayor oposición pública a esa determinación del Presupuesto fue conducida por la Fundación Barbechando, una organización de lobby constituída por las patronales rurales al calor del conflicto de 2008.
En su sitio web, el grupo se define como “una organización de la Sociedad Civil que trabajamos junto a diputados y senadores nacionales para incidir positivamente en leyes y políticas públicas para el desarrollo del sistema AgroBioIndustrial”.
Su Presidente, Germán Paats, integra los “equipos de Gobierno” de Patricia Bullrich, un grupo de alrededor de trescientas personas que ya se reúnen para planificar una futura gestión nacional de la exministra de Seguridad.
Además, se cuentan entre los voceros más destacados contra la Ley de Humedales y otras iniciativas ambientales.