El Tribunal Constitucional de España rechazó este miércoles el recurso del Defensor del Pueblo para devolver el voto a los nacionalizados por la llamada “ley de nietos”. El Pleno inadmitió el amparo de Ángel Gabilondo por considerarlo “prematuro”, con diez votos en contra y dos a favor de admitirlo.

De esta manera queda firme la suspensión dictada por el Tribunal Supremo, que deja sin voto a 163.020 personas en las elecciones generales del 29 de noviembre, salvo que logren acreditar su situación.

La “ley de nietos” es la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022.

Permite a hijos y nietos de españoles que se exiliaron obtener la nacionalidad de origen. La controversia nació de una instrucción administrativa firmada ese mismo año por Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

Esa instrucción presumía la condición de exiliado de quienes salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, sin exigir prueba individual de los motivos de la partida.

Vox e Iustitia Europa cuestionaron ante el Supremo esa presunción, con el argumento de que no todos los que emigraron en esos años lo hicieron por razones políticas. El 8 de septiembre, el tribunal suspendió de forma cautelar las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) hechas por esa vía.

El 12 de octubre rechazó los pedidos de la Abogacía del Estado y la Fiscalía para levantar la medida. Sostuvo que el sufragio no es un derecho absoluto y que debe ponderarse con la veracidad del censo electoral. Hubo un voto particular de la magistrada Alicia Millán, que advirtió sobre el impacto en un derecho fundamental.

Quiénes votan y quiénes no

La medida no quita la nacionalidad a nadie. Afecta al derecho a votar desde el exterior de quienes accedieron por la vía del exilio con la presunción. Podrán hacerlo quienes demuestren documentalmente, con una certificación consular, que su padre, madre, abuelo o abuela fue exiliado por las causas que prevé la ley.

Quienes obtuvieron la nacionalidad por otros supuestos de la norma no quedan alcanzados por ese solo hecho.

El problema es el calendario. El censo para estos comicios se cerró el 1 de agosto, y la Administración advirtió que revisar los expedientes uno por uno antes de la elección es casi imposible.

El Supremo dio cinco días hábiles desde la publicación en el BOE, el 15 de octubre, para que los afectados se presenten en la causa con abogado y procurador.

Las organizaciones de descendientes consideran ese plazo imposible de cumplir. La documentación para votar desde el exterior debe empezar a enviarse entre el 24 y el 30 de octubre.

Argentina tiene 520.203 inscriptos en el CERA, el mayor padrón español fuera de España, y sumó 85.599 electores desde 2023. Según fuentes diplomáticas citadas por EFE, solo en la jurisdicción del Consulado de Buenos Aires hay más de 18.000 expedientes afectados.

El Defensor del Pueblo había planteado que la cautelar genera un trato desigual: afecta a los nacionalizados que viven fuera de España, pero no a quienes accedieron por la misma vía y residen en el país. El Constitucional no entró en ese fondo y rechazó el amparo porque el proceso sigue abierto en el Supremo.

El Gobierno dijo que respeta la decisión y que la vía judicial previa no está agotada. Quienes defienden la suspensión sostienen que se trata de garantizar un censo limpio y ajustado a lo que aprobó el Parlamento.

Una resolución definitiva del Supremo podría llegar después de las elecciones, pero ya no permitiría recuperar el voto en esta ocasión.