En un dictamen de 70 páginas, la fiscal Gabriela Baigún pidió el sobreseimiento de todos los imputados en el caso del Plan Quinta por inexistencia de delito. La funcionaria desetimó la denuncia original de la diputada Graciela Ocaña, estableció que no hubo perjuicio para el Estado como lo determinaron dos pericias, detalló que no se direccionó la licitación y que el kit cumplía con el objetivo de lograr “un comienzo de vida equitativo”, al punto que la propia fiscal fue la que activó la distribución de kits a madres de recién nacidos.
Entre los imputados están Aníbal Fernández; el actual ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan; su viceministro, Nicolás Kreplak, y un total de 18 personas, entre exfuncionarios y empresarios. Ahora el Tribunal Oral Federal 1 debe decidir si sobresee a todos, como peticiona la fiscal, o realiza un juicio.
El Plan Qunita fue un programa nacional lanzado en 2015 durante el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner para reducir la principal causa de mortalidad infantil entre los sectores de menores recursos: el colecho, es decir, niños que duermen con los padres y se terminan ahogando.
El programa surgió a partir de la iniciativa de Santiago Ares, un joven diseñador que falleció a los 25 años de cáncer de colon tiempo después de presentado el programa y tras las primeras distribuciones de los kits. El diseño lo realizó junto a otros cuatro estudiantes universitarioas en base a un modelo de los países escandinavos.
El kit contaba principalmente con un moisés sencillo de armar para que el bebé duerma ahí, pero el conjunto incluía ropa, blanquería, sonajero, libro de instrucciones, libritos de cuentos, cremas y hasta preservativos. Todo agrupado en una caja muy portable.
Tras una enorme cantidad de cálculos y actualizaciones, los peritos concluyeron que un precio de salida de fábrica oscilaba en 6.600 pesos, no tan lejos de los 7.600 en los que se adjudicó la licitación. La pericia contable estableció ganancias entre el 13 y el 18 por ciento, algo considerado razonable.
“En ese contexto -escribe la Jueza Baigún- entiendo que las cotizaciones de las firmas que luego se adjudicaron la licitación, no se apartan demasiado del valor indicativo de mercado”. Además, los propios peritos señalaron que dado que el kit integraba productos de distinta naturaleza, era obvio que parte de las cosas debían ser compradas en otras empresas: una fábrica de sábanas no imprime los libritos para niños ni produce cremas ni profilácticos.
También quedó descartada la existencia de un direccionamiento, ya que en la licitación participaron varias empresas, se le mandaron los pliegos a unas 50, hubo reuniones en el Ministerio de Salud en las que participaron una multitud de gerentes de compañías distintas y los que ganaron, aunque tenían como objeto social rubros que nada tienen que ver con el kit Qunita, sí tenían antecedentes de participar de licitaciones.
Todo indicaría que la causa Quintas llegó a su fin. El dictamen de Baigún y las pericias son concretas y no queda margen para la realización de un juicio, que como ha dicho la Casación “a la luz del principio de economía procesal y el derecho de las personas a obtener un pronunciamiento que ponga término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre y de innegable restricción que comporta el enjuiciamiento penal, procederá el sobreseimiento cuando haya surgido una nueva prueba y haga innecesario el juicio”. Esa nueva prueba son las pericias, pero sobre todo la opinión de una fiscal que acusó en muchas otras causas y en ésta considera que no hay delito.
La palabra ahora la tienen los jueces Grünberg, Michilini y Basilico. Estos dos últimos dijeron en su momento que debía hacerse el juicio por dólar-futuro, pero la Casación los contradijo y sostuvo que no habiendo perjuicio para el estado, el juicio no debía hacerse. En dólar futuro, el fiscal acusó. En Qunita, en cambio, la fiscal ya dice que no hay delito.