“Atento al comportamiento desplegado por Juan Ignacio Buzali en el acontecer de los hechos, quedó demostrado su desprecio total por el derecho, poniéndose en fuga luego de atropellar a las víctimas, esto constituye un peligro cierto de fuga”, puntualizó De Vargas en la presentación y en diálogo con la Televisión Pública.
Para el letrado, “la existencia de funcionarios públicos asistiéndolos (demuestra que) existe entorpecimiento en la investigación, ya que han utilizado influencias para evitar ser detenidos y también evitar el control de alcoholemia”.
Además, el abogado recusó a la jueza interviniente en la causa, Marcela Garmendia -titular del Juzgado N° 5 de la capital bonaerense-, ya que su hijo, Juan Manuel Martínez Garmendia, integra el gabinete municipal de Julio Garro, al igual que Píparo y Darío Ganduglia, y se debe evitar la pérdida del “carácter objetivo e imparcial del juzgador”.
Según lo que aseguró en público Píparo, el hecho ocurrió cerca de las 2 de la madrugada de Año Nuevo, cuando fue asaltada por seis “motochorros” que la interceptaron en momentos en que llevaba a su padre a su casa y le robaron la cartelera con 20 mil pesos y su teléfono iPhone.
La legisladora bonaerense agregó que tras ello y cuando se dirigía con su esposo a realizar la denuncia en una comisaría a bordo de su auto Fiat 500L, volvieron a ser interceptados por los “motochorros” y en ese momento embistieron una de las motos para escapar.
El abogado de los jóvenes embestidos dijo al respecto que “la moto quedó enganchada debajo del auto de Píparo, venía tirando chispas cuatro cuadras y la gente les pedía que paren”.
Según el letrado, finalmente Píparo y su marido detuvieron la marcha en Plaza Moreno “donde los estaba esperando el secretario de Seguridad Municipal, Darío Ganduglia, que justamente es quien maneja todas las cámaras del municipio”.
En tanto, el abogado de Píparo, Fernando Burlando, consideró que no se debe “perder el foco más importante, que fue un episodio de inseguridad” sufrido por la legisladora bonaerense, al considerar que lo ocurrido después, cuando el esposo de la mujer embistió a dos motociclistas a los que creyó delincuentes, fue un “accidente de tránsito”.
Sobre el pedido formulado por el abogado De Vargas, consideró que se trata de una medida “un poco alejada de la cordura que impone el derecho” en un episodio que “está muy claro”.