Representados por el abogado Gregorio Dalbón, los padres del joven recurrieron al Consejo de la Magistratura por lo que trabas o demoras en el desarrollo del expediente que hasta ahora no habían percibido.
Héctor González y Cintia López, padre de Lucas, visitaron el piso del noticiero de la Televisión Pública y mostraron que todavía los atraviesa el dolor de la pérdida del hijo.
En la denuncia, Dalbón indicó que el juez “dictó resoluciones arbitrarias, infundadas, basadas en hechos falsos”, y destacó “la peligrosidad procesal que conlleva mantener en libertad a imputados que formaron parte de un ardid delictual que termino con la vida de un niño de 17 años y mantuvo en privación ilegal de la libertad a menores de edad”. Del Viso “ha sido imparcial hasta que alguna rara orden o situación lo frenó”, señaló.
“Espero no sea la política manifestó ya que nunca quise que esto escale políticamente, pero la prueba de ADN con las dos policías Miño y Fariña es contundente. Es más, ahora la tiene completa. Cuando un juez desempeña mal su función es pasible de juicio político. Y, cuando dicta resoluciones en contra del derecho, comete el delito de prevaricato”, expresó el letrado.
El abogado de la familia de Lucas indicó que la denuncia contra Del Viso fue a pedido de Cintia y Héctor, padres de Lucas, quienes esperan que reciba “la sanción que le corresponda”.
Los reclamos de la familia surgieron cuando el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 7 no aceptó el pedido del fiscal Leonel Gómez Barbella de detener a cinco personas por el encubrimiento del hecho.
Se trata del comisario mayor Fabián Lencina, a cargo de tres comunas de la Ciudad de Buenos Aires; las abogadas Verónica Gabriela Andraca y su jefa, Silvia Alejandra Ozón, a cargo de la División Legales de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, y los oficiales Pablo Daniel Granara y Lucas Damián Evaristo Varas.
Además, el fiscal había pedido las detenciones de las oficiales Lorena Miño y Micaela Fariña, liberadas por falta de mérito por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. El fiscal pidió los procesamientos de Miño y Fariño basado en el informe final del peritaje odorífico que indicó que habían manipulado la réplica del arma hallada en el auto de los adolescentes.
Para Dalbón, las policías “deben ir presas porque entorpecieron la labor judicial” al manipular ese objeto
En su solicitud, el fiscal Gómez Barbella detalló el rol de cada uno de los acusados durante la jornada del 17 de noviembre del año pasado, en el hecho donde Lucas González (17) recibió un disparo policial en la cabeza y tres compañeros fueron detenidos señalados como delincuentes mientras transitaban por el barrio porteño de Barracas.
El pedido de detención que recae sobre el comisario mayor Lencina se basó en las comunicaciones con el comisario inspector Daniel Santana, a cargo de las cuatro comisarías de la Comuna 4 porteña.
En ellas se puso en manifiesto que Lencina estuvo al tanto de todo lo acontecido ya que “las pruebas que indican la manipulación del operativo no pudieron ser, no solo sin su conocimiento, sino sin su orden”.
Además, entre ellos hubo al menos ocho mensajes de texto eliminados, algo que para el fiscal resultó “alarmante”.
En tanto, con relación a Ozón y Andraca, abogadas del Ministerio de Justicia porteño, el fiscal Gómez Barbella situó a la segunda mencionada en la escena del hecho, según dichos de testigos.
Según el dictamen fiscal, Andraca “llegó alrededor del mediodía”, permaneció en el lugar, donde permanentemente “iba y venía”, “miraba hacia dentro del automóvil todo el tiempo” -en referencia al auto donde se trasladaban los menores-, que “se acercaba continuamente entre 20 y 30 centímetros” del mismo.
En relación a ello, Gómez Barbella señaló que “se puede inferir que claramente la presencia de réplica de arma de fuego introducida ilícitamente dentro del automóvil (…) era conocida por Andraca y por tales motivos su preocupación de observar permanentemente el interior de dicho vehículo”.
Con respecto a Ozón, el fiscal indicó que “formó activa parte” de los hechos ocurridos durante esa jornada.
“Llamaría poderosamente la atención que siendo profesora (…) para el dictado de la materia ‘Policía Orientada a Problemas: Legítima Defensa’ (…) pudiese desconocer el modo en que se cometieron las irregularidades e ilícitos por parte de tantos efectivos policiales en los hechos ventilados en esta causa y que haya procedido como lo hizo enviando personal de su confianza para contribuir a consumarlos”, expresó.
En conclusión, para Gómez Barbella, Ozón y Andraca mantuvieron “activas participaciones y en roles que permiten identificarlas como las personas que monitorearon y aseguraron desde un aspecto jurídico y legal que los sucesos lamentables llevados a cabos por los coimputados de esta investigación, pudiesen efectivamente concretarse y brindar sus frutos”.
En tanto, sobre los oficiales Varas y Granara, el representante del Ministerio Público expuso una serie de mensajes con su superior, el inspector Héctor Cuevas, en los que indicaron que comentaron lo sucedido.
En un intercambio de mensajes entre Cuevas y Varas -a quien tenía agendado como “La Grano”-, el inspector le aseguró que Andraca le dijo que “esto se da vuelta” porque “es insostenible”, y le confesó, ante la consulta de que si tenían los adolescentes un arma de fuego, que ésta “se la pusieron”.
Para el instructor de la causa, ambos policías deben atribuirse el haber “omitido denunciar los graves actos de manipulación, ocultamiento y alteración de la prueba (…) cuando tenían el deber legal de exponerlos inmediatamente ante las autoridades judiciales competentes por tratarse de funcionarios públicos policiales”.
Por el homicidio están procesados con prisión preventiva los policías Gabriel Isassi, Juan Nieva y Fabián López; mientras que por el encubrimiento hay procesados otros ocho policías.