La abogada penalista Silvina Fernández Rosarno solicitó que se investigue a fondo la realización del documental Justicia Divina, en el que participaba la jueza Julieta Makintach —recientemente destituida— por su accionar en el juicio por la muerte de Diego Maradona, causa que terminó siendo anulada. Según la letrada, detrás de la producción existe “un negocio” que comprometería no solo a la magistrada, sino también a otros actores del Poder Judicial.
“Era tan grande el negocio que la jueza dejó caer su carrera. No se trata de un error o de vanidad: es codicia pura. Estaba dispuesta a perderlo todo por lo que iba a ganar con ese documental”, afirmó Fernández Rosarno en el programa Tiempo de Policiales, por ATP Radio. Y agregó: “Ella misma lo dijo: se terminó la Justicia, se terminó la docencia, ahora quiero ser productora y lucrar con esto”.
La penalista también apuntó al procurador General bonaerense, Julio Conte Grand, por no contemplar el delito de “negociaciones incompatibles con la función pública”, que conlleva la pena más grave, incluyendo la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. “No se puede permitir que este tipo de maniobras queden impunes. Hay que cuidar las instituciones”, sostuvo.
Fernández Rosarno fue más allá y comparó la situación con una estructura de crimen organizado: “Hay una jefa, hay cooperación y una cadena vertical. No se filma dentro de un tribunal con solo el permiso de una jueza. Savarino y Di Tomasso, los otros dos jueces del Tribunal Oral N° 3, no podían no saber”.
Por ahora, Makintach fue suspendida pero sigue cobrando su sueldo. Fernández Rosarno reclamó que se inicie una investigación penal formal que contemple no solo los delitos ya considerados —como incumplimiento de deberes y abuso de autoridad—, sino también la búsqueda de beneficios económicos personales mediante el uso de la función pública.
“Esto genera vergüenza ajena. Daña la imagen del Poder Judicial y afecta especialmente al lugar que con tanto esfuerzo logran ocupar las mujeres en ese ámbito”, concluyó.