La presidenta de Perú, Dina Boluarte, promulgó la ley aprobada por el Congreso de mayoría conservadora el 9 de julio que amnistía a los militares, policías y miembros de los Comités de Autodefensa procesados por crímenes contra los derechos humanos cometidos durante la guerra que enfrentó al Estado peruano y las guerrilas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) entre 1980 y 2000.
Lo hizo en un acto solemne en el Palacio de Gobierno de Lima en el que estuvo acompañada por los diputados que promovieron su aprobación.
“Con la promulgación de esta ley de amnistía, el gobierno reconoce el sacrificio de los miembros de las Fuerzas Armadas, policía y comités de autodefensa (civiles) en la lucha contra el terrorismo y la defensa de la democracia”, sostuvo la mandataria durante la ceremonia.
Antes de esta amnistía, Perú había aprobado en agosto de 2024 una ley que declara prescritos los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 en la lucha contra las guerrillas.
El conflicto interno en Perú, en el que las fuerzas del Estado se enfrentaron a las guerrillas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), dejó unos 70.000 muertos, la mayoría civiles, según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Un 30% de los crímenes relevados fueron causados por agentes del Estado.
La ley podría aplicarse a 156 casos con sentencia definitiva y a más de 600 procedimientos judiciales en curso por delitos cometidos durante esos años.
En concreto, la norma amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú “que se encuentren denunciados, investigados o procesados por hechos delictivos derivados u originados con ocasión de su participación en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000”.
Los miembros de estas organizaciones que ya hayan sido condenados disfrutarán de la amnistía si han cumplido 70 años, lo que, según las organizaciones de víctimas, permitirá que, dado el tiempo transcurrido, todos ellos salgan de la cárcel o queden sin castigo.
La norma beneficia también a los milicianos de los Comités de Autodefensa, una especie de patrullas ciudadanas que proliferaron durante el conflicto en las zonas con una menor presencia de las fuerzas estatales.
Una ley controvertida
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, criticó la ley promulgada en Perú que amnistía a militares y policías procesados por el conflicto armado que azotó al país entre 1980 y 2000, que consideró un “retroceso” en la búsqueda de justicia.
“El derecho internacional, al que está obligado Perú, prohíbe claramente las amnistías y la prescripción de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”, advirtió Turk en su comunicado.
Organizaciones de derechos humanos, sindicales y sociales del país andino también se pronunciaron contra la norm y desató la indignación de los familiares de las víctimas.
“La ley premia a los violadores de derechos humanos y cierra las investigaciones aún en curso”, denunció Gisela Ortiz, portavoz de las víctimas de la matanza de La Cantuta de 1992, en la que miembros del servicio de inteligencia y de la Policía secuestraron y asesinaron a diez personas en una universidad de los alrededores de Lima.