Las protestas en Perú en reclamo de elecciones anticipadas y el cierre del Congreso dejaron ya al menos 18 muertos, según cifras oficiales, aunque el número varía si se cuentan fallecidos en accidentes de tránsito vinculados a los bloqueos de rutas y por imposibilidad de traslados a centros de salud.
La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, dijo que son 18 los muertos, pero el sitio del diario La República y la agencia AFP dan cuenta de otras seis víctimas fatales en accidentes relacionados con cortes de rutas.
Al no haber un registro centralizado, los números difieren por las informaciones de provincias y departamentos y por las fuentes que los consignan: policías locales, Defensoría del Pueblo y carteras de salud, entre otras.
Hasta acá parece claro que las situaciones más graves se dieron en Ayacucho, donde hubo ocho muertos en el intento de toma del aeropuerto, y en Apurímac, donde se llevan contabilizados 6 fallecidos. Los números varían luego en La Libertad, Arequipa y Huancavelica.
Las Fuerzas Armadas intervienen en el intento de controlar la seguridad interna tras la declaración, el último miércoles, del estado de emergencia para contener las manifestaciones.
El hecho que parece encaminado a marcar una bisagra en las manifestaciones fue el de Ayacucho, en el intento de tomar el aeropuerto, que estaba bajo control del Ejército.
“Al verse rodeados y que la masa se iba acercando, lo que señalan (los reportes) es que habrían dado la orden de ‘alto’ (antes de disparar); primero, disparos al aire; pero después han sido disparos al cuerpo”, explicó a la agencia AFP la Defensora del Pueblo, Eliana Revollar.
Detalló que los manifestantes portaban hondas y piedras. “Esto amerita una investigación penal; estás personas han fallecido por impacto de bala”, consideró.
El Gobierno regional, en tanto, exigió “el cese inmediato del uso de armas de fuego y represión por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú” y condenó “todo acto de vandalismo”.
Las manifestaciones piden, en algunos casos, la libertad del expresidente Pedro Castillo, la renuncia de Boluarte, el cierre del Parlamento y elecciones generales ya.
Las protestas más fuertes, con miles de personas marchando en las calles, ocurren en el sur, donde se mantienen cerrados cinco aeropuertos (Andahuaylas, Arequipa, Puno, Cuzco y Ayacucho).
En el Congreso
En tanto, el Congreso rechazó el proyecto que proponía que las elecciones presidenciales y legislativas se lleven a cabo en diciembre de 2023 y la asunción del mandatario electo se hiciera en abril de 2024.
La iniciativa logró el voto de la mayoría de los legisladores, pero no la mayoría calificada que exigía el proyecto, que implica una reforma constitucional, y antes de que pudiera analizarse la reconsideración pedida, la sesión fue suspendida.
En medio de cruces y gritos, los legisladores parecían tener acordado el voto a favor de elegir en 2023 un nuevo presidente y una nueva composición para el parlamento, pero las diferencias en torno a si se debía impulsar en simultáneo una Asamblea Constituyente terminaron por dividir el respaldo a la iniciativa.
Las bancadas de izquierda y centroizquierda eran las que consideraban que la crisis no se resolvía únicamente con comicios, sino que era preciso modificar la carta magna para que a un futuro Ejecutivo no le pase lo mismo que al del destituido Pedro Castillo, erosionado desde su asunción por un Congreso fragmentado, pero marcadamente opositor.
Castillo seguirá preso
Mientras continúan las protesats, el juez supremo Juan Carlos Checkley resolvió que el expresidente de Perú Pedro Castillo permanezca bajo prisión preventiva los próximos 18 meses.
El magistrado acusó a Castillo de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y atentado contra la tranquilidad pública, en una audiencia virtual que comenzó por la mañana, fue interrumpida y continuó por la tarde, el juez Juan Carlos Checkley hizo el anuncio en una extensa resolución que leyó, mientras Castillo fue asistido por un letrado oficial.
En las afueras de la sede policial donde está detenido, se reunieron decenas de manifestantes que lo defienden.
Desplegaron una bandera con la imagen del cacique Tupac Amaru II, con sus extremidades amarradas a cuatro caballos, como cuenta la historia que fue su ejecución tras rebelarse contra los españoles en la colonia, pero el rostro había sido reemplazado por el de Castillo y en lugar de caballos estaban la fiscalía, el Congreso, la prensa y el poder económico.
En tanto, Dina Boluarte aseguró que el Gobierno de México otorgó asilo político a la familia del destituido y encarcelado expresidente.
Boluarte explicó que la canciller Ana Cecilia Gervasi le informó que México decidió acoger a la esposa y a los dos hijos del exmandatario que, según los medios, se encuentran en paradero desconocido.
“Hace unos días me comunicó la canciller que el estado mexicano ya había dado el asilo político. Yo lo que le dije a la canciller que proceda conforme a ley, todo lo que enmarca el marco legal”, declaró en el programa televisivo Panorama.
El exmandatario fue detenido cuando intentaba llegar a la Embajada de México para asilarse, pero se quedó atrapado en el tráfico limeño. La Justicia dictó en su contra 18 meses de prisión preventiva para ser investigado por rebelión.