El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) presentó el Informe “Impacto del COVID-19 en lugares de encierro” que reúne los resultados del monitoreo del organismo sobre la situación epidemiológica y las medidas dispuestas en establecimientos penitenciarios.
La declaración de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 en marzo de 2020 implicó una fuerte restricción de los derechos de las personas privadas de su libertad, quienes ya se encontraban en un contexto signado por las condiciones deficitarias de salubridad e higiene, la sobrepoblación y el hacinamiento en los diferentes establecimientos carcelarios de nuestro país.
La información analizada sugiere que los protocolos ante casos sospechosos y contagios difirieron en su aplicación respecto del medio libre. Esta situación pone de relieve la importancia de la presencia cotidiana de mecanismos de prevención para el seguimiento y evaluación de las condiciones sanitarias en el encierro.
En relación a las muertes por COVID-19, en el período considerado se registraron 120 muertes clasificadas como COVID-19, de las cuales 70 casos ocurrieron hasta diciembre de 2020 y 50 durante 2021. Si bien el incremento de casos de contagio y muerte intramuros tuvo relación con las olas registradas en el país, los registros muestran que la ocurrencia de fallecimientos en cárceles durante 2020 creció más rápidamente que en el conjunto de la población, variación que el informe asigna a la “más rápida propagación del virus en espacios de
alojamiento carcelarios, afectando especialmente a personas de riesgo”.
El estudio también compara los contagios y las muertes entre los años 2020 y 2021, y advierte que los efectos de la vacunación sobre la población penitenciaria fueron claramente positivos: en 2020 el CNPT contabilizó 1879 casos confirmados, mientras que en 2021 hubo un total de 1210 -lo que representa una reducción del 35% respecto del primer año de pandemia. Asimismo, en la
evolución trimestral de contagios del año 2021, la caída en los contagios coincide con el período de tiempo donde la gran mayoría de las jurisdicciones informaron haber avanzado con la
aplicación de las primeras dosis, es decir el tercer trimestre de 2021.
Por otra parte, el CNPT relevó 16 muertes en el contexto de protestas o medidas de fuerza en contextos de encierro penitenciario durante ese periodo.
Entre las principales causas registradas de esas protestas, se destacan los pedidos judiciales, problemas vinculados a la atención de la salud, a la escasez de elementos de higiene y las restricciones en las visitas.
Medidas compensatorias
Las restricciones al ejercicio de derechos durante la pandemia tuvieron un impacto significativo en las personas presas. Las visitas de familiares y de personas allegadas debieron ser suspendidas como así también las salidas transitorias o extraordinarias y el ingreso de docentes a los establecimientos penitenciarios.
Por ello, desde la CNPT se elaboraron recomendaciones con el objetivo de que las autoridades pertinentes adopten medidas compensatorias que permitan mitigar el impacto de las restricciones impuestas, como el uso de teléfonos celulares y el acceso a internet. Esto permitió el contacto con el mundo exterior por parte de presos y presas y la concurrencia a clases dictadas de modo virtual.
Actualmente, con las condiciones epidemiológicas en mejoría, muchas jurisdicciones suspendieron esas medidas compensatorias y la CNPT advierte que su mantenimiento resulta fundamental para garantizar el goce de los derechos de los internos e internas, no sólo respecto a los vínculos familiares y sociales, sino también el acceso efectivo a la educación.
Un documento de Amnesty International ya había advertido en 2021 que la propagación de la COVID-19 en las cárceles y en otros establecimientos penitenciarios puso claramente de manifiesto las amenazas sistémicas a la salud que existen en ellos, como el hacinamiento y la falta de higiene, y ha puesto al descubierto años de falta de inversión y de abandono de los servicios de salud en las prisiones, en todo el mundo.