La hipótesis de que la desaparición de la niña está vinculada a una red de trata infantil continúa vigente y se tomaron al menos diez medidas en esa dirección, aseguró José D’Antona, abogado de la Fundación “María de los Ángeles”, que preside Susana Trimarco, y que arribará a la provincia este miércoles.
Por otra parte, el abogado que representa a Lucero, Héctor Zabala, le confirmó a la agencia pública de noticias Télam que el papá de Guadalupe gestiona ayuda psicológica nacional a través del Sistema Federal de Búsqueda de personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu), tras desechar el ofrecimiento del Gobierno provincial. “Creemos que necesita ayuda especializada -explicó Zabala-. Es mucho tiempo en el que él nunca paró de buscarla, de encabezar marchas, de poner en juego contactos propios para la búsqueda y el desgaste producido por la incertidumbre y la angustia, nos preocupa”, argumentó el abogado.
Los rastrillajes se realizaron en los últimos días en las inmediaciones de Río Gómez, en la localidad de San Francisco del Monte de Oro, ubicada a 100 kilómetros al norte de esta capital y en la denominada zona cero, en el barrio 544 Viviendas, en donde desapareció la niña el pasado 14 de junio. También se busca en Dique La Estrechura, ubicado entre El Volcán y Estancia Grande y en la zona sur de la capital puntana con perros especializados, que incluye un contingente de Catamarca.
Según informó el jefe de relaciones policiales, Lucas Chacón, se allanaron seis propiedades en San Luis y se tomaron tres declaraciones testimoniales y hasta la fecha la Policía provincial ha realizado “251 allanamientos y ha rastrillado 600 sectores en coordinación con las provincias de Rio Negro, Mendoza y Misiones.
El despliegue de las fuerzas continúa y mantiene un número constante de efectivos en las calles, 400 en total, pero las acciones parecen caer en puntos muertos, luego de un mes de búsqueda, sin que exista hasta la actualidad una hipótesis de investigación firme.
Fuentes judiciales también citadas por Télam informaron que el juez penal Ariel Parrillis tiene previsto pedir un georadar que depende del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y sirve para investigar o detectar objetos y estructuras por debajo del nivel del suelo y ya fue utilizado en la búsqueda forense de personas desaparecidas.
La falta de resultados hace prever que la marcha será populosa ya que ha provocado las adhesiones y declaraciones de por ejemplo, la monja Martha Pelloni, quien públicamente salió a apoyar la nueva concentración y politizó el hecho al asegurar que “no hay Justicia en San Luis”, provincia a la que calificó como “feudal”.
En una dura carta, apuntó al Gobierno de San Luis al que acusó de “feudalismo” y de embarrar la investigación, criticó el accionar de la Policía y aseguró que en los primeros días de búsqueda, la fuerza de seguridad “montó un espectáculo”.
Pelloni apuntó a la aparición de “videntes” en la búsqueda, y sostuvo que “la intervención desorganizada de la Policía, hace que el resultado sea ese, cuando tuvieron que investigar en esos momentos las casas de la familia, de los dos padres y de los vecinos del barrio, nada de eso ocurrió”, aseveró.
Finalmente indicó la necesidad de un “cambio en la sociedad” y propuso lograrlo “a través de las próximas elecciones”, privilegiando “una ética clara y visible”, porque sino en todo el país van a seguir habiendo “más Guadalupes o Marías Soledad”.