La solicitud original ante la Justicia había sido presentada el 7 de enero por los hijos del paciente, y el propio médico personal. La esposa de García Rúa, Alicia Martha Trezza, había fallecido de COVID19 el día anterior.

García Rúa iba a recibir el producto por un fallo sin precedente en el país del juez Civil y Comercial Federal Javier Pico Terrero, que admitió como válida la medida cautelar presentada contra el sanatorio Otamendi y Miroli S.A. para que se “administre el uso del ibuprofenato de sodio, a través de nebulizaciones y de dióxido de cloro mediante vía intravenosa” a un paciente en grave estado de salud que “no había respondido a los tratamientos convencionales con oxígeno”.

El uso de dióxido de cloro es rechazado por las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). El fallo fue calificado como “mala praxis judicial” por el presidente del Comité de Bioética de la Fundación Huésped y asesor del Ministerio de Salud, Ignacio Maglio.

El profesional que había prescripto el tratamiento alternativo con dióxido de cloro es Dante Converti, que había marcado en su diagnóstico que el “compromiso pulmonar severo, que recibió tratamiento convencional con oxígeno, pese a lo cual la saturación de hemoglobina continuaba por debajo de los valores normales” e indispensables para la normal respiración de una persona.

Este martes, Martín Sarubbi, abogado de la familia del paciente, anunció que demandarán al centro asistencial por los presuntos delitos de homicidio culposo y desobediencia. “Durante esta mañana vamos a radicar una denuncia en el fuero penal para que se investigue la posible comisión del delito de homicidio culposo, pero también por la desobediencia en la que incurrió el sanatorio Otamendi”, dijo.

Sarubbi relató que todo comenzó a fines de diciembre cuando su cliente Jorge García Rúa contrajo coronavirus y fue hospitalizado. “El cuadro era crítico, era severo, el hombre tenía 93 años y el médico neurocirujano Dante Converti recomendó como método paliativo y humanitario, y prescribió la realización de un tratamiento con ibuprofeno inhalado y dióxido de cloro”, detalló.

Según Sarubbi, un socio suyo, “el doctor Buranello, articuló un recurso de amparo en el fuero Civil, Comercial y Federal N° 7, en el que el juez subrogante Javier Pico Terrero autorizó la práctica médica y a pesar de la manda judicial, el sanatorio Otamendi se negó a realizar la práctica, por lo que amplió el recurso para autorizar al Dr. Converti a realizar la práctica médica”.

“Una vez que se hizo, el cuadro del paciente evolucionó muy favorablemente, comenzó a saturar normalmente y la expectoración mejoró notablemente, finalmente falleció no a causa de Covid, sino por una infección inhospitalaria”, dijo el abogado, aunque las autoridades del Otamendi no se manifestaron al respecto.

En ese sentido, Sarubbi ratificó que “le colocaron la sustancia, lo hizo el doctor Converti y a partir de ello, evolucionó favorablemente en muy corto tiempo”.

A inicios de agosto pasado, la Anmat recomendó no consumir medicamentos no autorizados, cuando abundaban en redes sociales e incluso en programas de televisión mensajes favorables al uso del dióxido de cloro para tratar el coronavirus.

“Se recuerda que el producto mencionado (dióxido de cloro) no cuenta con estudios que demuestren su eficacia y no posee autorización alguna por parte de este organismo para su comercialización y uso”, dijo entonces la Amnat en un comunicado.

Al respecto, Sarubbi señaló que “las autoridades sanitarias nacionales no autorizan ni desautorizan la realización de este tratamiento” y dijo que “la Anmat establece en la resolución 4616/19 un mecanismo de excepción para tratamientos paliativos, que es un trámite administrativo que no se pudo realizar por la gravedad del cuadro” del paciente fallecido.

“Por eso se acudió a la justicia y el juez lo autorizó por estrictas razones de humanidad y atendiendo el derechos a la salud”, añadió.

El letrado insistió en que “las responsabilidades las tendrá que determinar la justicia, si murió o no por el dióxido, yo no tengo posición de antemano y no descarto nada, lo que se es que no habría fallecido a causa del tratamiento, si no por una infección intrahospitalaria”.