Después de 10 horas de discusión, la iniciativa que era una de las mayores apuestas del Gobierno fue desechada por los diputados del PRI, el PAN, el PRD y el MC. La reforma pretendía generar profundas repercusiones en el sector energético, incluyendo la devolución de la mayor parte del mercado a una empresa del Estado: la Comisión Federal de Electricidad.
Por otro lado, también tenía un gran alcance simbólico, ya que remitía a la expropiación de la industria petrolera a manos del presidente Lázaro Cárdenas en 1938 y a la nacionalización de la electricidad llevada a cabo por el presidente Adolfo López Mateos en 1960.
“Que no digan los vendepatria que la reforma afectaba: no argumentaron nada en contra”, dijo Obrador en su discurso.
Luego del rechazo de la reforma, la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones a la Ley Minera que el Presidente había enviado al Congreso. Las mismas proponen declarar como “de utilidad pública” la exploración y la explotación del litio y prohibir el otorgamiento de concesiones o permisos a empresas privadas.
La nueva ley reconoce que “el litio es patrimonio de la Nación” y se plantea la creación de un “organismo público descentralizado” para extraer y controlar “las cadenas de valor económico” del mineral.
Esta semana, el senado mexicano discutirá y votará las modificaciones al proyecto.