Un juez de Nuevo México ordenó a Meta pagar 25.000 millones de dólares al estado después de que un jurado determinara que la empresa de redes sociales engañó a los consumidores durante años sobre sus políticas de privacidad de datos.
El juez Francis Mathew dictó la sentencia, que el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, describió como “uno de los veredictos estatales más grandes, si no el más grande, contra una empresa en la historia de Estados Unidos”, reportó CBS News.
“Este fallo debería ser una señal, un mensaje inequívoco, para Silicon Valley”, dijo Torrez en una conferencia de prensa.
En septiembre, el jurado determinó que Facebook había hecho declaraciones falsas o engañosas al asegurar a los consumidores que controlaban cómo se compartía su información. El gigante de las redes sociales también engañó a los consumidores al afirmar que no vendía ni compartía información personal con los anunciantes, concluyó el jurado.
El jurado determinó que la “alta dirección” de la empresa, incluyendo al CEO de Meta, Mark Zuckerberg, y a la exdirectora de operaciones, Sheryl Sandberg, hicieron declaraciones falsas sobre las políticas de privacidad de datos del servicio, dictaminó el juez.
“Estas comunicaciones formaban parte de una estrategia coherente diseñada para engañar al público”, escribió Mathew.
El caso surgió a raíz de las acusaciones de que Facebook engañó a los usuarios sobre una filtración de datos derivada de un cuestionario de personalidad de terceros que recopiló datos de aproximadamente 87 millones de perfiles y los vendió a una empresa de consultoría política, Cambridge Analytica, para generar anuncios segmentados.
En un comunicado emitido el miércoles, Torrez afirmó que el caso “siempre ha involucrado a más de una empresa o un solo escándalo”.
Añadió: “Se trata de si las empresas pueden engañar a los consumidores sobre qué sucede con su información personal sin afrontar consecuencias significativas”.
CJ Mahoney, director jurídico de Meta, afirmó en un comunicado que la empresa confía en que “prevalecerá en la apelación”.
“Este fallo, y la forma en que el Fiscal General lo aplica, hace prácticamente imposible hacer negocios en el estado de Nuevo México”, dijo Mahoney. “En esencia, esta demanda busca imponer un impuesto a la libertad de expresión para imponer nuevas reglas sobre lo que la gente puede decir en línea”.