Por cada mujer asesinada, un niño, una niña o un adolescente queda en orfandad. Si bien menos de la mitad de las víctimas tenía hijos, estas chicas y chicos que se quedaron sin madre ya suman miles de casos.
Además del dolor por la pérdida, en muchos casos suelen asumir la crianza de sus hermanos y hermanas tras los femicidios, lo que muchas veces empeora una situación económica que ya era difícil.
Al menos 4.015 fueron los huérfanos por femicidios en los últimos 15 años, según los datos recopilados por las organizaciones la Casa del Encuentro y el Observatorio Lucía Pérez hasta el pasado diciembre.
El Estado creó un Régimen de Reparación Económica para las Niñas, Niños y Adolescentes a principios de 2018. La Ley 27.452, conocida como “Ley Brisa”, nació por iniciativa de la organización La Casa del Encuentro, después del femicidio de Daiana Barrionuevo, asesinada a golpes por el padre de sus tres hijos en 2014 en Moreno. Brisa es el nombre de una de las niñas, que quedó junto a sus hermanos al cuidado de su abuelo.
Este beneficio es una reparación económica para los huérfanos y para sus familias, cuyo valor es equivalente a la jubilación mínima (actualmente $60.124) y se sostiene hasta que el menor cumpla 21 años, excepto cuando tenga una discapacidad (en ese caso es una renta vitalicia).
Hasta que el niño o niña cumpla 18 años, ese ingreso es gestionado por las personas adultas que ejercen su crianza, pero cuando son mayores de edad ellos mismos gestionan sus ingresos hasta cumplir los 21.