“Ojalá este acuerdo sirva también para cambiar un poco el paradigma en materia de vivienda”, declaró en la noche de este lunes a periodistas Beatriz Duro, abogada de Maricarmen Abascal.
Es jubilada y tiene 87 años, vivió más de 70 en el mismo departamento y fue desalojada luego de atravesar un conflicto legal con los nuevos propietarios. El conflicto comenzó cuando la empresa Urbagestión compró el edificio completo donde se encuentra la vivienda de Maricarmen. La política de la inmobiliaria fue subir el alquiler de forma exorbitante, el incremento del mismo trepó al 275% mensual. El Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid denunció que el pago exigido a la mujer llegó a ser de 2.650 euros (3.000 dólares).
El nuevo acuerdo anunciado por Duró, la abogada de la protagonista de esta historia, implica que el alquiler será “similar a lo que ella venía pagando” y que no superará el 30% de sus ingresos. Abascal podrá regresar a su piso en el barrio madrileño del Retiro tras salir del hospital, donde está siendo tratada por agotamiento, añadió la letrada.
La empresa había intentado desalojar a Maricarmen en 3 oportunidades. En la cuarta lo logró, pero desató un conflicto que ingresó con fuerza a la agenda pública. Miles de personas se sumaron a protestar que sufren el mismo proceso que Maricarmen.
Más de 100 carpas fueron montadas frente a la alcaldía de Madid en la Puerta del Sol para exigir que el aumento de los alquileres los expulsa de sus hogares. Estas manifestaciones se replicaron en todo el país.
Un sector de los manifestantes le pide al presidente Pedro Sánchez que apruebe el real decreto ‘Maricarmen’, que incluye, entre otras medidas, contratos indefinidos de alquiler. Esta medida requeriría el acuerdo del Parlamento; sin embargo, la relación de fuerzas del gobierno socialista no parece ser favorable.