El fiscal federal Ramiro González imputó este lunes al exmandatario Mauricio Macri por el supuesto ocultamiento de parte de su patrimonio cuando llegó a la Presidencia de la Nación -un delito vinculado en el Código Penal al de enriquecimiento ilícito- en el marco de una denuncia presentada la semana pasada por la Oficina Anticorrupción.

El representante del Ministerio Público Fiscal, que tiene delegada la investigación, dio impulso a la denuncia y dispuso las primeras medidas de prueba, según informaron a Télam fuentes judiciales.

Días atrás, Mauricio Macri fue denunciado por la Oficina Anticorrupción por omisión maliciosa en sus declaraciones juradas, enriquecimiento ilícito y un eventual lavado de activos relacionados con una operatoria que sería ilegítima entre el “Fideicomiso Ciego” que constituyó ex presidente cuando asumió, con una empresa llamada Agro G S.A.

En abril pasado la Inspección General de Justicia (IGJ) solicitó que se declare nulo el “Contrato de Fideicomiso Ciego de Administración” de los bienes de Mauricio Macri, que el expresidente celebró el 12 de abril de 2016, y además describió una serie de irregularidades que elevó a la OA.

La IGJ, que dirige Ricardo Nissen, determinó que los bienes incluidos en “el denominado fideicomiso ciego de administración no constituían, ni por asomo, la totalidad de su patrimonio” del expresidente Macri, tras lo cual detalló que esos bienes apenas representaban “un 53% del conjunto total” de las pertenencias y propiedades de Macri.

Ahora la OA radicó la denuncia penal que recayó en el juzgado a cargo de la jueza María Servini. El organismo que conduce Félix Crous dispuso “remitir a la Unidad de Información Financiera (UIF) copia de la documentación, para su conocimiento e intervención según su competencia, ante la posible existencia de maniobras constitutivas de la figura típica contemplada y sancionada en el art. 303°, inc. 1° y 4° del Código Penal”, esto es lavado de activos.

Según el organismo, en su Declaración Jurada Patrimonial Integral de Carácter Público del año 2015, Mauricio Macri indicó por ejemplo que detentaba acciones de Agro G S.A. representativas del 14,70% del capital social, cuando en realidad su tenencia accionaria era mucho mayor.

Esa circunstancia le habría permitido controlar otra empresa que tenía de socia a su esposa Juliana Awada. Esa sociedad le pasó al fideicomiso una cifra millonaria cuyo destino fue Macri, según se desprende de las denuncias.

La conducta descripta cae en el entramado típico previsto en el artículo 268 (3) del Código Penal, que reprime con pena de prisión de 15 días a 2 años e inhabilitación especial perpetua, a quien “estuviere obligado en razón de su cargo a presentar una declaración jurada patrimonial, y maliciosamente falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener, de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables”, remarcó la OA.

También se advierte que correspondería imputarle a Mauricio Macri la transferencia de al menos $45.000 provenientes de un ilícito penal con los que adquirió la titularidad de 45 acciones de la firma Molino Arrocero Río Guayquiraró S.A., la que se habría concretado entre el 23/05/11 y el 12/04/19, con la finalidad de otorgarle apariencia de licitud al dinero espurio invertido.