Desarme
“No habrá decretos de armas en este país. Habrá decretos de libros. Habrá decretos para fortalecer la educación”, dijo Lula durante su campaña electoral en una reunión con trabajadoras del hogar en Sao Paulo.
Ahora, tras haberse impuesto ante Jair Bolsonaro e iniciado la transición para asumir como Jefe de Estado el 31 de diciembre, el líder del PT dejó claro que eliminar las armas y la violencia política de la ecuación será una de sus primeras medidas apenas entre en el Palacio de la Alvorada.
Para hacerlo, prometió que “retomará” el Estatuto de Desarme.
El Estatuto, aprobado en 2003, durante el primer año de su mandato (2003-2010), fue refrendado en un plebiscito popular en 2005, el cual rechazó la prohibición de la venta de armas en el país, pero restringió su porte, al tiempo que estimuló el desarme de la población civil.
No obstante, el Estatuto ha sido flexibilizado en los últimos años por Bolsonaro, líder de la ultraderecha brasileña y quien llegó al poder en 2018 con la liberación de las armas como una de sus principales promesas de campaña.
Bajo el lema de que la “población armada no será esclavizada”, el presidente ha fomentado el acceso a las armas por parte de civiles y ha prometido que, en caso de ser reelegido, facilitará todavía más su porte, siguiendo así el modelo de Estados Unidos.
Con el aumento de la flexibilización, que no ha sido mayor debido a algunos frenos impuestos en el Congreso, el número de ciudadanos que se registró para tener acceso a las armas se disparó un 474 % entre 2018 y 2022, según los datos publicados por la ONG Fórum Brasileño de Seguridad Pública.
Salario mínimo
Pero quizás el mayor desafío del presidente electo es cumplir con su promesa de terminar con el hambre. Entre las propuestas para hacerlo resalta la intención de aumentar el salario mínimo.
Pero la política tiene un obstáculo material: el presupuesto que aprobó Bolsonaro para 2023 no dispone de los fondos.
Por eso, el histórico dirigente tiene como prioridad tramitar un presupuesto que le permita empezar a cumplir, una vez asumido el poder el próximo 1 de enero, las promesas efectuadas durante la campaña electoral.
En este sentido, Gleisi Hoffmann, presidente del Partido de los Trabajadores ( PT), aseguró que el nuevo Gobierno no puede comenzar el 2023 “sin ayuda de emergencia y sin el aumento real del salario mínimo. Esto fue pactado con el pueblo brasileño en las urnas”. En la misma línea se expresó el vicepresidente electo Geraldo Alckmin, a quien Lula le encargó la delicada misión de coordinar el proceso de transición.
Una forma de hacerlo, es por decreto. Esa maniobra de driblar el techo fiscal para aumentar el gasto público ya fue aplicada por Bolsonaro en varias ocasiones, entre ellas para ampliar el propio Auxilio Brasil antes de las elecciones.
La fórmula preferida por los principales aliados de Lula, sin embargo, es la de presentar una Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC), que es considerada la más segura y legal desde el punto de vista jurídico.
No obstante, existen serias dudas sobre si esta vía sería la más conveniente para el Gobierno de Lula, que podría arriesgar su capital político dado que el PEC necesita la aprobación de 308 de los 513 diputados y de 49 de 81 senadores. De momento, el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, dijo que el Congreso tiene la voluntad de votar la propuesta de enmienda.
El plan B sería acudir al Tribunal de Cuentas y conseguir créditos extraordinarios por medio de una medida provisional, que tendría que ser firmada por el propio Lula tras su toma de posesión.
Pero el jueves, el vicepresidente, el general Hamilton Mourao, acusó al gobierno de Lula de tener “cero compromiso con el equilibrio fiscal” por estar negociando “unos números rojos de 200.000 millones de reales (unos 40.000 millones de dólares) en el presupuesto de 2023
Desarrollo sostenible y transición ecológica
Por último, Luiz Inácio Lula da Silva, instaló como una prioridad para sus primeros días de gobierno el comienzo de la lucha por la deforestación cero en Amazonas y dijo que retomará el control de las actividades ilegales en esa región, donde promoverá el desarrollo sustentable.
“Brasil y el planeta necesitan de una Amazonia viva. Un árbol en pie vale más que la deforestación, el río limpio vale más que todo el oro extraído con las aguas contaminadas por mercurio”, manifestó en su primer discurso tras ganarle en el balotaje al mandatario de derecha Jair Bolsonaro, duramente cuestionado por su política ambiental.
La victoria de Lula podría evitar la pérdida de 75.960 KM2 de selva amazónica para 2030, según un análisis de CarbonBrief.
Para que el crecimiento le cueste lo menos posible al medio ambiente de uno de los mayores pulmones del mundo, propuso motorizar varios puntos que, juntos, conformarían el plan que pondrá en marcha desde el día cero. Ese programa incluye:
• El inicio de la transición energética y ecológica en la industria minera.
• La emisión cero de gases de efecto invernadero en la matriz eléctrica.
• El establecimiento de un incentivo económico para la agricultura familiar con crédito, garantías y asistencia.
• Creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas. Reconstrucción de los organismos de inspección y control de la deforestación, y terminar con la minería ilegal en tierras de comunidades originarias.