
El calendario electoral de 2026 se perfila como un punto de inflexión crítico para el panorama geopolítico de América Latina. Con procesos presidenciales en Brasil, Colombia y Perú, la región se prepara para una serie de batallas en las urnas que pondrán a prueba la estabilidad de las democracias actuales.
Tras un periodo de victorias de la izquierda en años recientes, la gran interrogante que domina el análisis es si los votantes optarán por un cambio rumbo hacia la centroderecha (como pasó en Argentina y Chile) o si, por el contrario, la fragmentación política dará paso a nuevos liderazgos progresistas. La influencia del presidente norteamericano Donald Trump, evidenciada en el proceso electoral hondureño, podría ser un indicio.
En Colombia, la cita de mayo de 2026 será la primera gran evaluación del “Pacto Histórico” tras el mandato de Gustavo Petro. Con un sistema que prohíbe la reelección inmediata, las fuerzas de oposición y el oficialismo ya han comenzado a movilizarse en un ambiente marcado por la inseguridad y los desafíos económicos. El resultado no solo definirá el futuro interno del país, sino que también reajustará las alianzas estratégicas en el bloque andino, donde Colombia ha jugado un papel de liderazgo en la agenda ambiental y social de la región.
Por su parte, Brasil vivirá en octubre un duelo de titanes que captará la atención global. Con Luiz Inácio Lula da Silva buscando mantener la hegemonía del Partido de los Trabajadores (PT), el país se enfrenta nuevamente a una sociedad profundamente dividida. La inhabilitación de la figura clave de la derecha, Jair Bolsonaro, reconfiguró el tablero, pero disminuyó la fuerza del conservadurismo brasileño. La elección en la economía más grande de la región será determinante para la integración del Mercosur y la postura de América Latina frente a las potencias globales.
Perú presenta un escenario de alta incertidumbre y fragmentación. Y llegará a abril de 2026 inmerso en una crisis de representatividad que ha visto desfilar a múltiples mandatarios en la última década. Además, el descontento social con la clase política tradicional abre la puerta a candidatos “outsiders”, lo que podría derivar en parlamentos atomizados y dificultades crecientes para la gobernabilidad.
Finalmente, el ciclo de 2026 estará fuertemente influenciado por factores externos como la volatilidad de los precios de las materias primas y las políticas migratorias. La gestión de riesgos para los inversores y gobiernos dependerá de la capacidad de estos países para garantizar transiciones pacíficas y marcos regulatorios estables.
Así, este año podría definir si América Latina logra encontrar un equilibrio entre sus demandas de justicia social y la necesidad de crecimiento económico sostenible.
El calendario
Perú: elecciones presidenciales y legislativas el 12 de abril; eventual balotaje presidencial el 7 de junio.
Colombia: elecciones legislativas el 8 de marzo; primera vuelta de las presidenciales el 31 de mayo; eventual balotaje presidencial el 21 de junio.
Haití: elecciones generales el 30 de agosto; eventual balotaje presidencial el 6 de diciembre.
Brasil: Elecciones generales el 4 de octubre; eventual balotaje presidencial el 25 de octubre.
La incógnita Haití
Pasó casi una década desde que Haití celebró elecciones por última vez y el país lleva cuatro años sin un gobierno elegido democráticamente. Se estima que grupos criminales violentos controlan el 90 por ciento de la capital, Puerto Príncipe, y están ganando terreno en otras regiones. Por eso, persiste el escepticismo sobre la posibilidad de que las elecciones de 2026 se celebren según lo previsto, hacia el 30 de agosto.
El asesinato en julio de 2021 del presidente Jovenel Moïse, quien había estado gobernando por decreto durante un año y medio tras disolver el parlamento, agravó drásticamente la crisis de la violencia de pandillas y la inestabilidad política. Durante los tres años posteriores al asesinato de Moïse, Ariel Henry, el primer ministro interino, luchó por obtener legitimidad y finalmente se vio obligado a dimitir en 2024 después de que los ataques coordinados de las pandillas en la capital impidieran su regreso a Haití desde Kenia, donde había firmado un acuerdo para que tropas kenianas apoyaran a la policía nacional.
El Consejo Presidencial de Transición que lo reemplazó ha experimentado diversas transformaciones y ha estado plagado de luchas internas y escándalos de corrupción. Su mandato finaliza en febrero de 2026, seis meses antes de las elecciones.
En caso de que los haitianos elijan nuevos líderes en 2026, estos tendrán la tarea de resolver la crisis de seguridad que ha provocado la muerte de al menos 16.000 personas desde enero de 2022 y que exarcerbó el desplazamiento interno, la pobreza y el hambre.
La incógnita Haití
Pasó casi una década desde que Haití celebró elecciones por última vez y el país lleva cuatro años sin un gobierno elegido democráticamente. Se estima que grupos criminales violentos controlan el 90 por ciento de la capital, Puerto Príncipe, y están ganando terreno en otras regiones. Por eso, persiste el escepticismo sobre la posibilidad de que las elecciones de 2026 se celebren según lo previsto, hacia el 30 de agosto.
El asesinato en julio de 2021 del presidente Jovenel Moïse, quien había estado gobernando por decreto durante un año y medio tras disolver el parlamento, agravó drásticamente la crisis de la violencia de pandillas y la inestabilidad política. Durante los tres años posteriores al asesinato de Moïse, Ariel Henry, el primer ministro interino, luchó por obtener legitimidad y finalmente se vio obligado a dimitir en 2024 después de que los ataques coordinados de las pandillas en la capital impidieran su regreso a Haití desde Kenia, donde había firmado un acuerdo para que tropas kenianas apoyaran a la policía nacional.
El Consejo Presidencial de Transición que lo reemplazó ha experimentado diversas transformaciones y ha estado plagado de luchas internas y escándalos de corrupción. Su mandato finaliza en febrero de 2026, seis meses antes de las elecciones.
En caso de que los haitianos elijan nuevos líderes en 2026, estos tendrán la tarea de resolver la crisis de seguridad que ha provocado la muerte de al menos 16.000 personas desde enero de 2022 y que exarcerbó el desplazamiento interno, la pobreza y el hambre.