Luego de más de tres meses de audiencias en la instancia oral y pública del juicio, el tribunal integrado por Alejandro Silva (presidente), Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava dará su veredicto.
Son cinco los integrantes de la Agrupación Albatros de la Prefectura Naval Argentina acusados por el crimen: Sergio Cavia, Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García, para quienes las tres querellas participantes del juicio solicitaron una condena de prisión perpetua por considerarlos coautores funcionales del delito de homicidio doblemente calificado en concurso ideal con homicidio agravado en grado de tentativa.
Agustina Lloret, abogada coordinadora del equipo de litigio y defensa legal, aseguró que Prefectura “excedió la orden judicial” en cuanto al territorio habilitado para el despliegue de la fuerza, lo que derivó en una balacera contra un grupo de jóvenes en el bosque. “Más de 130 disparos efectuó la Prefectura Naval y no hubo ningún disparo por parte de estos jóvenes”, aseguró Lloret.
Según la letrada, “el caso tuvo una intervención muy fuerte del Ministerio de Seguridad, que trató de instalar en los medios y en la causa un discurso de que se trató de un enfrentamiento armado, es decir, que los jóvenes también estaban armados”. La abogada denunció también “contaminación y fabricación de pruebas” y explicó que las pericias revelan tres resultados diferentes, de las que resultan tres responsables distintos, con lo que se busca, según Lloret, “evitar que se sepa quién fue el que mató a Rafael Nahuel”.
“Los querellantes particulares están planteando un homicidio doblemente agravado en el cual estos cinco prefectos son coautores, o sea que los cinco son responsables por igual. En ese caso correspondería una pena de prisión perpetua. Pero, por otro lado, la fiscalía va con una acusación distinta, que es un exceso en la legítima defensa”, dijo la abogada a TV Pública Noticias.
La Fiscalía requirió cinco años de prisión para cada uno de ellos, por la aplicación del atenuante de “exceso en legítima defensa”, ya que dio por acreditado que en el hecho existió un enfrentamiento con armas de fuego, y que los uniformados, en ese contexto, accionaron protegiéndose aunque más allá de lo que establecen los protocolos de actuación.
Finalmente, las dos defensas que representan a los Albatros pidieron al Tribunal la absolución de los cinco procesados por considerar que actuaron en legítima defensa, sin excesos en su comportamiento y bajo una agresión desmedida y armada.
La lectura del fallo se dará pocos días después de que se cumplieran seis años del homicidio y a pocos días de que desde el espacio del presidente electo Javier Milei se confirmara que su ministra de Seguridad será Patricia Bullrich, la misma funcionaria que ejercía ese cargo en el momento de la represión de Prefectura que terminó con el asesinato de Nahuel.
El juicio: de la absolución a la prisión perpetua
Comenzó el pasado 15 de agosto, y durante más de 20 audiencias declararon 63 testigos. Se incorporó prueba, analizaron pericias y se realizó una inspección ocular en el lugar del hecho.
El pasado 7 de noviembre, la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, encabezada por el abogado Mariano Przybylski, solicitó prisión perpetua para los cinco prefectos.
Durante un alegato que duró dos horas y cuarenta y cinco minutos, el abogado planteó que quedó acreditado que no existió un enfrentamiento armado, sino una persecución más allá del predio de la comunidad y que los efectivos dispararon en 151 oportunidades con munición de plomo.
Para el abogado, el cúmulo de pruebas y testimonios demuestran que los procesados “desobedecieron las órdenes de esperar refuerzos y subieron con armas letales a la montaña”, a la “búsqueda de los mapuches”.
Przybylski repasó que la tercera pericia balística realizada durante la instrucción determinó que el disparo mortal fue realizado por el Albatro Sergio Cavia, pero consideró que el grupo comando actuó coordinadamente para cometer el asesinato y luego para encubrirlo. Así argumentó el pedido de condena para los cinco, bajo la figura de coautoría funcional.
“Los cinco imputados decidieron ir con armamento letal, el que menos disparó lo hizo 25 veces con munición letal a las personas que estaban huyendo. Dispararon con intención de matar, si no, hubieran disparado al piso, al aire. Lo sabemos porque a Nahuel lo mataron, a Johana (Colhuan) y Gonzalo (Coña) los hirieron. Ahí estaban direccionados los disparos, a matar, a zonas vitales. Por eso decimos que tuvieron esa intención”.
Repasó el lugar de vainas servidas halladas en el lugar de los hechos, lo cual, dijo, permite representarse un escenario de persecución, y rechazó la figura de la legítima defensa como atenuante del crimen.
Las otras dos querellas, en representación de la familia de Nahuel y de la APDH Bariloche, adhirieron al pedido de pena realizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, e incorporaron en sus alegatos el agravante de odio racial.
En tanto, el fiscal Rafael Vehils Ruiz pidió cinco años de prisión para cada uno de los Albatros, ya que los considera coautores funcionales del hecho, aunque incorporó el atenuante de “exceso en legítima defensa”.
Durante su alegato habló de “objetividad” en su tarea, aunque admitió que los elementos probatorios no son concluyentes en cuanto a la existencia de un enfrentamiento con armas de fuego. Aun así, planteó que los uniformados “se excedieron” en su accionar.
Al término de la exposición del fiscal, el padre de Rafael, Alejandro Nahuel, se paró y gritó “¿de qué enfrentamiento habla? a mi hijo le pegaron un tiro por la espalda. Manga de asesinos”.
También Graciela Salvo se levantó de su silla cuestionó el alegato fiscal. “Queremos justicia por Rafael, porque a mi hijo lo mataron; llegaron (los Albatros) en un solo día y le quitaron la vida”, dijo.
Fue el momento de mayor tensión durante el juicio realizado en General Roca, y obligó al presidente del Tribunal a dar por terminada la audiencia. Finalmente, el 15 de noviembre, las dos defensas reclamaron al Tribunal la absolución de los prefectos.
Según el relato del abogado Marcelo Hugo Rocchetti -defensor de Cavia, Pintos y Sosa, y exjefe de Gabinete de Cristian Ritondo en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal-, los Albatros fueron emboscados y agredidos con armas de fuego, y siempre actuaron de acuerdo a los protocolos para situación de este tipo: lo hicieron “racional y proporcionalmente”, dijo.
Insistió en que se encontraban en el lugar “cumpliendo una orden judicial” y que “actuaron conforme a derecho”. Rocchetti dijo que los prefectos eran “las víctimas reales” del proceso judicial.
Adhirieron a su alegato las abogadas Anabella Schmidt y Alejandra Bussetti, representantes de los uniformados Obregón y García.
Quién fue Rafael Nahuel
Fernando Fernández Herrero, referente social e impulsor de la experiencia Alto Construcciones en la que muchos jóvenes se involucraron para aprender un oficio, fue docente de Rafael Nahuel y escribió un texto que hizo llegar a los medios acerca del joven conocido en el barrio como “Rafita”.
“No era un ‘delincuente’, o un ‘mapuche violento’, o ‘un indio que se la merecía’ como dicen en comentarios en las redes sociales, los que hace rato perdieron su última gota de dignidad”, expresó Fernández Fierro.
“A Rafita lo conocí hace más de cinco años cuando se largó la experiencia Alto Construcciones en la que pibes desescolarizados de los barrios (en su caso del Nahuel Hue) se integraron a una escuela de Don Bosco en Frutillar, a contraturno, para aprender un oficio y hacer una práctica laboral. Mi compañero Javi Silva venía acompañanado a un grupo de pibitos en la capilla del Nahuel Hue entre los que estaba Rafita, flaquito, chiquito, siempre vestido de Boca, tratando de sobreponerse a una realidad familiar muy difícil, y a un barrio que se come a los pibes”, apuntó el referente social.
“Venía todos los días, no faltaba, contento se puso el mameluco cuando los pudimos comprar, dentro de nuestro trabajo de ir integrando a los pibes en grupos con el eje puesto en la cultura del trabajo, Rafita era uno de nuestros referentes, era uno de esos que poníamos con otro al que le costaba más, que tenía menos ganas, Rafita tenía granas dobles y traccionaba”, contaba Fierro.
El docente definió a Rafael Nahuel como “un pibe con toda una vida llena de dolores pero con más valores de vida que muchos de nosotros.”
Era oriundo del Alto de Bariloche, del barrio Nahuel Hue (“El lugar del tigre”), al pie del cerro Carbón, en la ladera sur del Otto y el Valle del Challhuaco. Era el hermano del medio de una familia muy humilde. Según su tía ,María Nahuel (una de las detenidas durante el desalojo), Rafael no era militante de la comunidad mapuche, aunque sí lo era su familia materna. Ese día, fue a la comunidad Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, para acompañar a familiares y amigos.
Para el miércoles, día de la lectura del veredicto, se espera una importante movilización en la puerta de los Tribunal; integrantes de diversas comunidades y organizaciones mapuches, partidos políticos de izquierda y gremios ya anunciaron su participación.