Horacio Rodríguez Larreta, reiteró este viernes su postura en contra de la suspensión de la presencialidad escolar para contener la segunda ola de coronavirus al entender que los establecimientos “no representan un mayor riesgo de contagio”, por lo que pidió a la Corte Suprema de Justicia que se expida ante su pedido de frenar la medida dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional.
“Nosotros seguimos abiertos a dialogar y a llegar a un acuerdo con el Gobierno nacional a la luz de la evidencia que recolectamos en materia de movilidad”, indicó Larreta, tras sostener que los chicos tampoco se contagian “en camino a la escuela”.
El referente de Juntos por el Cambio volvió a cuestionar las medidas del gobierno nacional y reclamó: “Una pandemia como la que estamos viviendo no admite que un Presidente y un Jefe de Gobierno no tomen medidas de manera coordinada”.
“El Presidente se comprometió a que esta decisión es sólo por 15 días. Yo le expresé mi desacuerdo porque cada día vale. Pero él se comprometió a que esta medida es solo por 15 días”, aseguró.
Larreta culpó al Gobierno nacional y a la falta de vacunas -situación que se vive a nivel mundial- por el aumento de contagios en el AMBA. “Dijeron que en diciembre iban a haber 20 millones de vacunas y hoy solo hay 7 millones de vacunas en el país”. “Y, en la Ciudad, ya mañana nos quedamos sin dosis para seguir vacunando a los grupos de riesgo. Si hubiesen cumplido, hoy la situación sería muy distinta”, reclamó el jefe de gobierno de la Ciudad.
Finalmente, el Presidente ratificó la vigencia del DNU y afirmó que se debe actuar con “mucha tranquilidad” para “recuperar el diálogo” y superar el momento epidemiológico actual.
Minutos antes de ingresar a la reunión en Olivos,el Gobierno de la Ciudad interpuso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción declarativa de inconstitucionalidad contra lo dispuesto por el Decreto 241/2021 en relación a la presencialidad de las clases.
La cautelar es contra el artículo 2 del decreto, publicado en el Boletín Oficial y plantea al Máximo Tribunal que se le ordene al Estado Nacional que “se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el decreto cuestionado”.
En su presentación, el gobierno porteño sostiene que el decreto “viola la autonomía de la Ciudad” e “implica una virtual intervención federal, porque se arroga potestades sobre competencias locales, en salud y educación”.