La Justicia boliviana ha declarado en rebeldía al expresidente Evo Morales —que gobernó entre 2006 y 2019— al ausentarse ante el tribunal de justicia de Tarija, que lo juzga por trata agravada de personas por su presunta relación con una menor de edad durante su mandato a la que supuestamente habría embarazado.
La defensa ya adelantó que Morales no iba a presentarse al considerar el juicio una “persecución política”. El expresidente, recluido en la región cocalera de Chapare, custodiada por sus seguidores, no ha acudido a ninguna de las citaciones por ese juicio desde el mandato de Luis Arce.
El abogado de Morales, Wilfredo Chávez, denunció que su cliente no había sido notificado de forma correcta, que “debería notificarse de forma personal, no correspondía una notificación por edicto”. Sin embargo, el vocal del Tribunal Supremo de Justicia, Grover Mita, desestimó la reclamación al asegurar que el Código de Procedimiento Penal permite notificar de forma presencial o digital. Hace unos días, la Fiscalía de Tarija anunció que ha reunido más de 170 pruebas de cargo en contra del expresidente para el juicio oral.
El caso por el que juzgan a Morales se remonta a 2020, cuando se filtraron imágenes de conversaciones entre el expresidente y una adolescente 40 años más joven que él. Según la versión del Ministerio Público, los padres de la víctima aceptaron la relación para conseguir favores políticos.
La madre de la adolescente fue denunciada y se encuentra prófuga en Argentina.
El caso se archivó con la llegada a la presidencia de Arce, exministro de Economía y mano derecha de Morales, pero volvió a abrirse en 2024 durante la guerra fratricida entre ambos.
En esta ocasión, el juicio se desarrolla ahora bajo la presidencia de Rodrigo Paz. Desde que se refugió en 2024 en Chapare, ningún gobierno ha conseguido entrar en la zona ante el riesgo de desencadenar fuertes disturbios contra sus seguidores, que hasta el momento han impedido la ejecución de la orden de captura. El medio boliviano La Razón asegura que ya se ha dispuesto la emisión de neuvos requrimientos y mandamientos de aprehensión, y la Policía Boliviiana “debe ejecutar las mismas”.
Las autoridades bolivianas intentaron detener a Morales en octubre y noviembre de 2024, pero sus afines consiguieron bloquear las carreteras durante 24 días y evitar el ingreso de los agentes a Chapare. En aquel episodio, el vehículo en el que viajaba Morales recibió 18 disparos, según la versión del expresidente, un ataque que adjudicó al entonces presidente Arce.