La gesta del cupo laboral travesti, transexual y transgénero: pioneras en la lucha
A 1 año de la sanción de la ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero que establece un cupo mínimo para el ámbito estatal, ¿cuál es la importancia de esta legislación? y ¿quiénes fueron pioneras en esta reivindicación?
El 24 de junio de 2021, con 55 votos a favor en el Senado y 207 en Diputados se sancionó con fuerza de ley la legislación n°27.636 bajo el nombre “Diana Sacayán-Lohana Berkins”.
¿Por qué toma ese nombre?
Si de pioneras en la lucha trans y travesti tenemos que hablar, Lohana Berkins es, de forma indiscutida, una de sus principales referencias. En 1994 fundó la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT) que presidió hasta su fallecimiento.
Fue la primera travesti en ocupar un cargo en el ámbito estatal en el año 2000, y de desempeñarse en un rol político al ser asesora legislativa por el Partido Comunista.
Durante toda su vida tuvo un rol destacado en la organización de la comunidad LGTBI. En 2001 se animó a ser candidata a diputada nacional, y entre 2008 y 2010 impulsó la primera cooperativa textil formada íntegramente por personas travestis y transexuales. La cooperativa se llamó Nadia Echazú y tenía como objetivo la creación de una alternativa a la prostitución.
Lohana fue una de las principales impulsoras del Frente Nacional integrado por más de quince organizaciones que logró, en 2012, la promulgación de la ley de Identidad de Género. Lucha de la que también partió Diana Sacayan y, sin la cual, la sanción del cupo laboral no hubiera sido posible.
En 2013 estuvo a cargo de la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual, del observatorio que funciona en el Consejo de la Magistratura porteño. En conjunto con Josefina Fernández llevó adelante un relevamiento sobre las condiciones de vida de las personas travestis conocido como “La gesta del nombre propio”. Este material fue ampliado y actualizado diez años después bajo el nombre “La revolución de las mariposas”. Dichos estudios fueron y son fundamentales para conocer y visibilizar las cruentas condiciones de vida que tiene la comunidad.
“En el caso de las mujeres trans y travestis, el alejamiento temprano, forzado o no, del hogar familiar y, consecuentemente, la pronta interrupción del proceso educativo interviene de manera directa y negativa en sus posibilidades de acceso a un empleo y en el precoz ingreso a la prostitución como única alternativa de generación de ingresos”[1]. Los resultados de la investigación llevada adelante en el 2017 arrojan números contundentes: “solo el 9% de las (mujeres trans) entrevistadas dijo estar inserta en el mercado formal de trabajo, el tiempo que el 15% manifestó tareas informales de carácter precario, un 3,6% expresó vivir de diversas políticas públicas. Para el resto, más del 70% la prostitución sigue siendo la principal fuente de ingreso.”
Lohana junto a Diana Sacayan fueron de las primeras en imaginar la existencia de un cupo laboral que permita ayudar a contrarrestar esta cruenta realidad. Diana fue una militante clave en la lucha por los derechos de las personas travestis, transexuales y transgénero. Formó parte del Programa de Diversidad Sexual del INADI, dirigió la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales (ILGA) y fundó el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL).
Su principal bandera fue la conquista de una legislación que busque capacitar e incluir a la comunidad trans en el empleo formal. Su activismo en gran parte se desarrolló en el distrito de La Matanza, desde donde se impulsaron diversas capacitaciones laborales para personas travestis.
Principales puntos de la ley
La legislación N° 27.636 establece que el Estado nacional, comprendido por los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales y las empresas y sociedades del Estado, “debe ocupar, en una proporción no inferior al uno por ciento de la totalidad de su personal, puestos de trabajo con personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes”.
*Todos los organismos públicos a deben promover acciones de sensibilización con perspectiva de género y diversidad en los ámbitos laborales, con el fin de alcanzar la plena inclusión y combatir la discriminación hacia la comunidad trans.
*Si la persona aspirante al puesto laboral no ha finalizado los estudios secundarios, podrá acceder al mismo a condición de finalizar el nivel educativo faltante.
*En cuanto al sector privado, la norma establece un incentivo tributario que consta en la eximición del pago de aportes patronales por 12 meses desde la contratación.
*Se promueven líneas de crédito del Banco Nación con tasa preferencial para el financiamiento de emprendimientos, destinados específicamente a personas solicitantes travestis, transexuales y transgénero.
La legislación es un avance muy importante en la real inclusión de una porción de la sociedad que fue discriminada y segregada por muchos años. Sin embargo, en cuanto a la implementación de la ley quedan varios puntos pendientes. Al ser de carácter nacional insta a las provincias y jurisdicciones a que se adhieran a la misma. Si bien las provincias de Buenos Aires y Tierra del Fuego han decretado su adhesión, la gran mayoría aún no lo ha hecho, y son muchos los organismos nacionales que aún no cumplen con el porcentaje de incorporaciones establecido.
[1] La Revolución de las Mariposas, Ministerio Público de la Defensa; 2017.