La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo que permite la reanudación las deportaciones de migrantes en situación irregular a países de los que no son originarios, mientras el caso se sigue litigando en un tribunal de apelaciones.
En una sentencia sin firma, el máximo tribunal dio la razón al Departamento de Justicia que pedía levantar una suspensión judicial, aunque no explicó la decisión y las tres juezas liberales discreparon.
En abril, el juez de distrito Brian Murphy ordenó la suspensión de las deportaciones a terceros países porque considera que los migrantes deben poder impugnar sus casos.
En mayo estimó que la expulsión de un grupo de migrantes, incluidos dos cubanos y un mexicano, a Sudán del Sur violaba este derecho a la impugnación.
Para ser deportados a un tercer país los migrantes tenían que haber sido avisados y contar con un plazo “mínimo de diez días” para apelar como dicta la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, afirmó entonces Murphy.
Si el Departamento de Seguridad Interior (DHS) considera que el miedo a ser torturados o maltratados es infundado, debe concederles de todos modos al menos 15 días para que puedan solicitar una revisión, agregó.
Los migrantes estaban siendo trasladados a Sudán del Sur, un país empobrecido y devastado por la guerra, cuando se emitió la orden de Murphy y desde entonces han permanecido retenidos en una base militar estadounidense en Yibuti, un país africano que limita con Eritrea, Somalia y Etiopía.
“Victoria para la seguridad”
La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, sugirió que las deportaciones a terceros países podrían reanudarse pronto. “Aceleren los aviones de deportación”, declaró, calificando la decisión de “victoria para la seguridad del pueblo estadounidense”.
Sin embargo, un juez determinó que un vuelo de deportación, originalmente con destino a Sudán del Sur, no completaría el viaje de inmediato.
Los inmigrantes a bordo del vuelo de mayo provenían de países como Myanmar, Vietnam y Cuba. Habían sido condenados por delitos graves en Estados Unidos, y los funcionarios de inmigración afirmaron que no podían regresarlos rápidamente a sus países de origen.