La comisión especial de la Cámara de Diputados de Brasil aprobó este miércoles el dictamen del Proyecto de Enmienda Constitucional (PEC) que propone la eliminación de la escala 6×1 y la reducción de la jornada laboral semanal de 44 a 40 horas, en una iniciativa que ha generado un amplio debate político, sindical y empresarial en el país.
La propuesta fue aprobada en dos votaciones consecutivas en la Cámara baja, con un apoyo mayoritario de prácticamente todo el arco parlamentario.
Incluso la mayoría de los diputados del Partido Liberal (PL) del expresidente Jair Bolsonaro, que inicialmente se oponía al proyecto, acabó respaldando la reforma ante la inminencia de las elecciones presidenciales y legislativas del próximo octubre.
Tras la primera votación, el presidente de la Cámara baja, Hugo Motta, afirmó que el proyecto defiende el “derecho de vivir, no de sobrevivir” y garantiza la promoción de la salud de los trabajadores.
“La historia nos muestra que los avances civilizatorios siempre enfrentan resistencias, fue así cuando se creó la cartilla de trabajo, fue así cuando se abolió la esclavitud, los contrarios decían que el país no lo soportaría, pero Brasil avanzó”, afirmó.Al tratarse de una reforma a la Constitución, el proyecto también necesitará ser sometido a votación por una mayoría calificada en el Senado en dos turnos de votación.
Cómo es el proyecto
El dictamen unifica las propuestas de los diputados Reginaldo Lopes (PT-MG) y Erika Hilton (Psol-SP), que originalmente planteaban una semana laboral de 36 horas. Sin embargo, un acuerdo en la Cámara fijó el límite en 40 horas semanales, como punto de consenso político.
El texto modifica el artículo 7 de la Constitución Federal para establecer que la jornada laboral no podrá exceder las ocho horas diarias ni las cuarenta semanales, manteniendo la posibilidad de pago de horas extraordinarias. Asimismo, se preservan los convenios colectivos para sectores con dinámicas laborales específicas, como salud, seguridad y transporte, además de esquemas como el turno 12×36.
Uno de los puntos centrales del proyecto es el período de transición. La reducción de la jornada laboral se aplicará en dos fases: a los 60 días de la entrada en vigor, la jornada semanal se reducirá de 44 a 42 horas bajo el esquema 5×2. Luego, tras 12 meses adicionales, se completará la reducción a 40 horas semanales, sumando un total de 14 meses de transición.
El dictamen también establece que los convenios colectivos incompatibles con las nuevas normas perderán validez automáticamente 60 días después de la entrada en vigor, lo que obligará a sindicatos y empresas a renegociar contratos.
Además, se garantiza dos días de descanso remunerado por semana, uno de ellos preferiblemente en domingo, reforzando el enfoque en la calidad de vida laboral.
No es para todos
El texto contempla excepciones para determinados profesionales. Quedan exentos de las nuevas reglas quienes posean Educación Superior y perciban ingresos superiores a dos veces y media el tope del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS), estimado en cerca de R$ 21.000.
Para este grupo, no será obligatorio el control de jornada laboral, aunque se mantendrá el descanso semanal de dos días. Según el relator, esta medida busca combatir la “pejotización”, práctica de contratación como autónomos en lugar de empleados formales.
En el caso de contratos entre la administración pública y empresas subcontratadas, la aplicación del nuevo régimen dependerá de ajustes contractuales, con un plazo de hasta 12 meses para su adecuación.
En paralelo al debate institucional, trabajadores y movimientos sociales se movilizaron el lunes 25 en la Avenida Paulista, en São Paulo, para rechazar el período de transición previsto en el informe. La manifestación reunió a sindicatos, movimientos populares, el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MTST) y el Movimiento Vida Más Allá del Trabajo (VAT), actores que participaron en la elaboración de la propuesta original.