A pocos días de cumplirse un año del mandato de Gabril Boric, su gestión sufrió una dura derrota en la Cámara de Diputados. La reforma reestructuraba el impuesto a la renta, incorporaba un tributo para las grandes riquezas y establecía mecanismos para evitar la evasión fiscal.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, una de las figuras más destacadas del gabinete, fue el encargado de impulsar el proyecto. “Creemos que es una mala noticia para el país”, afirmó el funcionario, y además añadió “es una buena noticia para el gran capital”.
El resultado de la votación fue reñido: 73 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones. Por las reglas parlamentarias, para que el proyecto se apruebe es necesario que los votos afirmativos sean superiores a la suma de los negativos más las abstenciones.
El presidente chileno mostró su desagrado con el resultado y declaró durante una gira por el norte de Chile: “La votación ha sido un golpe a la esperanza, pero Chile sabe recuperarse de estas pequeñeces”.
Además, el mandatario agregó: “Nuestro Gobierno va a seguir gobernando. No caerá en ningún caso en el inmovilismo y va a encontrar el camino para habilitar un debate serio en el Parlamento y, así, hacer realidad la reforma tributaria que Chile necesita”.
El Ejecutivo puede insistir con el proyecto de dos formas. Una posibilidad es enviarlo a la Cámara Alta. Si allí obtiene el voto afirmativo de los dos tercios de sus integrantes volvería a Diputados. Sin embargo, la distribución de bancas con la derecha no avizora un triunfo del oficialismo. Otra opción es volver a enviarlo a la Cámara Baja, pero debe esperar un año.
El rechazo al proyecto provino principalmente de los sectores de derecha que votaron negativamente. Pero cabe destacar que dos diputados de izquierda se ausentaron en el momento de la votación.
El proyecto
La reforma tributaria propuesta por Boric buscaba aumentar la recaudación fiscal en 3,6 puntos del PBI con el fin de financiar el sistema de protección social.
A través de esta recaudación, el gobierno apuntaba a subvencionar la ampliación del sistema de protección social de Chile que iba a permitir una mayor cobertura en salud, educación y pensiones. Demandas muy presentes en el proceso de movilizaciones que atravesó al país cordillerano durante el 2019.
Además, el proyecto preveía reestructurar el impuesto a la renta, las exenciones tributarias, aumentar los impuestos a la riqueza e incorporar un nuevo royalty minero, es decir, un impuesto a las mineras para extraer recursos no renovables.