Héctor Marchi denunció que su desplazamiento de ese cargo fue “una sanción encubierta” que incluyó a “todas las personas que trabajamos en la auditoria de la Obra Social” del Poder Judicial (Ospjn).
Asdemás, sostuvo que “hubo seguimientos y hay amenazas contra funcionarios” de los Tribunales.
Lo dijo durante su exposición ante la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que sustancia el proceso contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En el primer tramo de sus declaraciones ante los diputados que estudian la conducta de los cuatro integrantes del alto tribunal, Marchi fue muy crítico de Juan Carlos Maqueda, de quien dependía la obra social, y planteó que “no había presupuesto ni un sistema informático para poder hacer los controles”.
Marchi leyó un informe previo a las preguntas de los legisladores, donde aseguró que “nuestro traslado fue una sanción encubierta, que incluyó a todas las personas que trabajamos en la auditoría de la obra social”, sobre la cual hubo denuncias de presuntas irregularidades.
El exadministrador fue desplazado el jueves pasado por la mayoría integrada por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti; el vice, Carlos Rosenkrantz, y Juan Carlos Maqueda, con la disidencia de Ricardo Lorenzetti, quien criticó el traslado del funcionario y atribuyó su desplazamiento al contenido de un informe sobre los movimientos de la obra social del Poder Judicial. Marchi fue destinado a la Cámara de la Seguridad Social.
Destacó que “cualquier movimiento en la obra social debían ser autorizadas por Juan Carlos Maqueda” y que Aldo Tonon fue designado a propuesta de Maqueda.
Marchi dijo que fue Silvio Robles (asesor del presidente, Horacio Rosatti), quien los amenazó: “Por supuesto”, respondió el funcionario judicial cuando la diputada Mara Brawer (FdT) le preguntó si se trataba de ese colaborador.