El directorio de Vicentin imputado por estafa, defraudación y balances falsos

Los 14 miembros del directorio de la agroexportadora Vicentin, que llegó a alcanzar los primeros puestos en el ranking de embarques de granos al exterior, fueron imputados hoy por estafa, defraudación y balances falsos por el fiscal de Rosario, Miguel Moreno, quien pedirá en la próxima audiencia fijada para el jueves la prisión preventiva de algunos de esos directivos.

Moreno, fiscal de la Unidad de Delitos Económicos de Rosario, imputó a los directivos de Vicentin por el delito de balance falso en concurso real por defraudación y estafa en seis hechos cometidos contra bancos extranjeros damnificados por el default de la empresa, en la audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal.

También imputó a todos los ejecutivos por el delito de estafas en carácter de coautor contra las acopiadoras de quienes recibió granos hasta el momento de declararse en estrés financiero y posterior cesación de pagos, precisaron fuentes judiciales santafesinas.

Los 14 imputados son Daniel Néstor Buyatti (presidente de Vicentin), Alberto Julián Macua (vicepresidente), Roberto Alejandro Gazze (director financiero), Máximo Javier Padoan, Cristián Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin y Yanina Colomba Boschi, Raul González Arcelus, Omar Adolfo Scarel (síndico) y Miguel Vallazza.

Buyatti fue imputado además en forma personal por el delito de apropiación indebida de tributos, y junto al resto de los directivos recibió la imputación por el delito de estafa contra el Banco Macro, una de las instituciones financieras locales afectadas por las maniobras de Vicentin, junto a los bancos Nación y Provincia de Buenos Aires.

El juez que interviene en el caso, Román Lanzón, deberá decidir pasado mañana si dicta la prisión preventiva de algunos directivos, medida que será solicitada por el fiscal en el entendimiento de que pueden influir para alterar el proceso, o si acepta la oferta de fianza ofrecida por la empresa por una suma de US$ 5 millones.

Al concluir la audiencia, el fiscal Moreno señaló que “si bien la pena contemplada por estafa es de seis años, por la acumulación de delitos imputados estamos en condiciones de pedir la pena máxima, que son hasta 50 años”.

Entre los directivos de Vicentin, sólo Máximo Padoan hizo declaraciones a la prensa al retirarse y manifestó su “desconcierto” por la imputación de estafa y defraudación.

La empresa, que entró en default en diciembre de 2019 y está en concurso de acreedores desde marzo de 2020, había solicitado que el plazo para negociar sus deudas se extendiera hasta el 31 de marzo del año que viene.

La firma concursada, que enfrenta una deuda de 1573 millones de dólares, debía presentar una propuesta para los acreedores el 3 de septiembre pasado, pero al no llegar con los plazos pidió tres meses más de tiempo.

El principal acreedor individual de Vicentin SAIC es el Banco de la Nación Argentina (BNA), que verificó créditos por US$300 millones, mientras que el conjunto de bancos extranjeros que prefinanciaba las exportaciones del grupo reclama más de US$500 millones.

El año pasado, el intento de expropiación de la cerealera que hizo el Gobierno generó banderazos en distintos lugares del país.