El hijo del presidente estadounidense Joe Biden, Hunter Biden, fue acusado penalmente el jueves, después de que fracasaran los esfuerzos por llegar a un acuerdo con la Fiscalía, lo que llevó al primer procesamiento de un hijo de un presidente en ejercicio en la historia del país del norte.
La imputación presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Delaware acusó a Hunter Biden de tres cargos penales relacionados con hacer declaraciones falsas en relación con la compra de un arma de fuego, y posesión ilegal del arma de fuego.
Según la legislación de Estados Unidos, una persona adicta a las drogas no puede legalmente tener portación de armas. El hijo del presidente habría firmado una declaración jurada asegurando no tener consumos problemáticos al momento de adquirir armas, cuando es de público conocimiento que atravesaba una recaída en su adicción al crack.
Por eso, los fiscales acusaron al joven Biden de mentir sobre su uso de narcóticos cuando compró una pistola Colt Cobra en octubre de 2018.
La acusación presentada por el recientemente ascendido fiscal especial estadounidense David Weiss se produce después de que un acuerdo para que Hunter Biden, de 53 años, se declarara culpable de dos delitos fiscales menores y se inscribiera en un programa para evitar el procesamiento por un cargo relacionado con armas. Las posibilidades de el mentado acuerdo colapsaron en un giro sorprendente en julio.
Los cargos garantizan que el drama judicial desempeñará un papel enorme en la campaña presidencial estadounidense de 2024, mientras Biden, de 80 años, busca la reelección en una probable revancha con su predecesor republicano Donald Trump, de 77 años, quien enfrenta a su vez cuatro juicios penales próximos.
Pero la portación de armas no es el único problema de Hunter Biden. También está en la mira por su rol en una firma de lobby y en el directorio de una empresa de energía ucraniana.
Documentos y conversaciones encontradas en dos dispositivos electrónicos de su propiedad sugieren que era un intermediario entre los empresarios y su padre, y para los republicanos, este accionar constituiría tráfico de influencias.
Algunos legisladores del partido opositor, incluso, dejaron claro que tratarán de emprender un juicio político contra su padre a partir de estas investigaciones.