El juez del Tribunal Supremo Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, autorizó a que se abra una investigación contra los directivos de Google y Telegram en el país.
La razón esgrimida es por la presunta campaña de desinformación y ataques lanzada contra el llamado proyecto de ley sobre las noticias falsas.
De Moraes aceptó la petición de la Fiscalía para investigar a los responsables de las empresas que hayan participado en la “campaña abusiva” contra el proyecto de ley y dio a la Policía Federal un plazo de 60 días para que arranque la pesquisa.
El 10 de mayo, este mismo juez ya ordenó que Telegram eliminara un mensaje enviado a sus usuarios en el que alertaba sobre los peligros del proyecto de ley.
Días antes Google fue obligada por el Gobierno a marcar como publicidad un material que criticaba la propuesta legislativa.
El Gobierno brasileño quiere aprobar una ley que limite la difusión de noticias falsas, discursos de odio y desinformación en las redes sociales, entre otros asuntos, pero las grandes tecnológicas se resisten y usaron sus plataformas para argumentar en contra de la ley, según algunas autoridades, usando mentiras y exageraciones.
Lo paradójico es que el reclamo surge del presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, del derechista Partido Progresista, uno de los aliados de Jair Bolsonaro, durante su mandato: ahora está enfrentado con la ultraderecha por este proyecto que también intenta evitar los mensajes de odio y de violencia política en las redes, las obliga a aumentar a su transparencia y a «combatir los contenidos que atenten contra la democracia y las elecciones, los niños, adolescentes y la salud pública».
Justamente Bolsonaro fue uno de los más grande críticos de la normativa propuesta: «Es el principio del fin de nuestra libertad».
El proyecto fue inspirado en la Ley de Servicios Digitales recientemente aprobada por la Unión Europea, tras ser debatida desde el 2020. Fue impulsada en Brasil luego del intento de golpe, el pasado 8 de enero, una semana después de la asunción de Lula, cuando partidarios del ex presidente intentaron tomas las sedes de los tres poderes en Brasilia.
En principio, la nueva reglamentación establece multas de hasta 10% de la facturación de las empresas (se calcula que sería alrededor de un millón de reales (unos U$S 200 mil) por hora e incluso la suspensión temporaria de sus servicios.
Por supuesto que las tecnológicas se quejaron. Google afirmó que se trataría de una «moderación excesiva», mientras que Telegram fue más duro aún, ya que envió un mensaje a sus millones de usuarios en Brasil: “La «democracia está bajo ataque». Advierte que el proyecto «da al gobierno poderes de censura».