La Asamblea Nacional de Francia aprobó este miércoles, por 291 votos a favor y 241 en contra, la ley que regula el derecho a la ayuda para morir, poniendo fin a la tramitación de una iniciativa que el presidente Emmanuel Macron había anunciado hace más de tres años. Con esta votación en tercera lectura, el país se suma al grupo de naciones que reconocen este derecho, entre ellas Bélgica, los Países Bajos, Suiza, Canadá y Uruguay.
El proceso legislativo no fue sencillo: desde 2025 el texto había recibido en dos oportunidades el respaldo de los diputados, pero en ambas ocasiones fue rechazado por el Senado, de mayoría conservadora. Pese al triunfo parlamentario, el primer ministro Sébastien Lecornu anunció que el Gobierno enviará la norma al Consejo Constitucional para garantizar que se aplique con pleno respeto de los principios constitucionales, en particular el de la dignidad humana. Entre los puntos que generan dudas se encuentra el plazo de reflexión de dos días otorgado al paciente antes de confirmar su decisión.
Quiénes podrán acceder
El proyecto contempla que puedan solicitar el procedimiento las personas mayores de edad, de nacionalidad francesa o con residencia legal y estable en el país, que padezcan una enfermedad grave e incurable en fase avanzada o terminal. También se exige que el paciente atraviese un sufrimiento físico o psicológico constante, ya sea insoportable o refractario a los tratamientos disponibles, y que sea capaz de expresar su voluntad de manera libre e informada.
Según el texto, la sustancia letal deberá ser administrada, en principio, por el propio paciente, ya sea por vía oral o intravenosa, y solo de forma excepcional podrá intervenir un médico o enfermero, cuando exista una incapacidad física que lo impida. Una vez realizada la solicitud, el paciente cuenta con un plazo mínimo de dos días para confirmarla, mientras que el médico dispone de 15 días para responder con una decisión motivada. La evaluación de cada caso estará a cargo de un comité de especialistas independientes, y la ley contempla una cláusula de conciencia para los profesionales de la salud que no deseen participar del procedimiento.
Una particularidad del texto es que evita deliberadamente los términos “eutanasia” y “suicidio asistido”, reemplazándolos por la expresión “ayuda para morir”. El diputado centrista Olivier Falorni, autor de la iniciativa, explicó que la palabra “eutanasia” quedó asociada históricamente al uso que le dio el régimen nazi, mientras que “suicidio asistido” podía generar confusión con las políticas de prevención del suicidio.
Hasta ahora, la ley Leonetti de 2005 prohibía la eutanasia activa en Francia, aunque permitía a los pacientes rechazar tratamientos considerados una “obstinación irrazonable”. La nueva normativa avanza un paso más al habilitar que los médicos, en determinadas condiciones, se abstengan de prolongar la vida de un paciente o incluso administren la sustancia letal.
Apoyos y rechazos
Macron celebró la sanción de la ley y agradeció a los parlamentarios, sanitarios, asociaciones y ciudadanos que participaron del debate a lo largo de más de tres años. Desde la bancada oficialista, la diputada Brigitte Liso, integrante de la comisión de asuntos sociales, defendió la norma como una conquista de derechos para quienes atraviesan sufrimientos insoportables.
En la vereda opuesta, el legislador Christophe Bentz advirtió sobre el riesgo de que la ley termine afectando a personas vulnerables cuyo consentimiento podría estar condicionado por la angustia. También expresaron reservas distintos colectivos médicos y religiosos, que reclaman una cláusula de objeción de conciencia más clara para el personal de salud. La Iglesia católica de Francia, por su parte, calificó la aprobación como una ruptura grave en la historia del país y advirtió que la nueva legislación transformará la relación de la sociedad francesa con la vejez, la enfermedad y la discapacidad.
Con la ley ya votada, resta la revisión del Consejo Constitucional, paso que el Gobierno decidió incorporar ante las dudas planteadas durante el trámite en el Senado. Una vez superada esa instancia, los ministerios de Salud tendrían un plazo de noventa días para redactar la reglamentación técnica, que incluiría una plataforma digital centralizada para el seguimiento de las solicitudes.
La aprobación llega en un contexto de envejecimiento poblacional y aumento de enfermedades crónicas en Francia, factores que alimentaron el debate público sobre los cuidados al final de la vida durante los últimos años.