La investigación por la muerte de un soldado del Ejército Argentino reveló una compleja red criminal que operaba desde cárceles bonaerenses y que terminó con siete detenidos, acusados de integrar una banda dedicada a estafas y extorsiones virtuales.
La víctima fue Rodrigo Andrés Gómez, un joven de 21 años oriundo de Formosa, quien cumplía funciones de seguridad en la Quinta de Olivos. El soldado fue encontrado sin vida, con un disparo en la cabeza, el 16 de diciembre pasado en la garita donde prestaba servicio.
Con el avance de la investigación, la Justicia determinó que el suicidio estuvo precedido por una fuerte presión económica y psicológica ejercida por una organización delictiva.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva anunció, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, que siete presos habrían extorsionado al soldado Rodrigo Gómez.
La causa comenzó a avanzar tras la intervención de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien ordenó que la División Homicidios de la Policía Federal Argentina analizara las circunstancias que rodearon la muerte del joven militar.
Durante las pericias, los investigadores hallaron una nota que hacía referencia a presuntas deudas y a supuestos vínculos con policías corruptos. Además, el análisis del celular de Gómez permitió reconstruir llamadas, mensajes de WhatsApp y comprobantes de transferencias que resultaron claves para identificar a los sospechosos.
La investigación identificó como principal sospechoso a Tomás Francavilla, un joven de 22 años oriundo de San Justo, que se encontraba detenido y con antecedentes por robo a mano armada. Según la causa, el acusado dirigía parte de las maniobras desde prisión.
Los investigadores sostienen que la organización contaba con un sistema de trabajo coordinado, donde distintos integrantes se encargaban de captar víctimas, ejecutar las amenazas y recibir el dinero a través de billeteras virtuales.