“Esta ley tiene dos partes: una escrita y otra no escrita. La escrita mejora las herramientas para dar respuesta a la epidemia de hoy que es distinta a la de 1990 (año en la que databa la ley previa). Y la no escrita apunta a de qué modo la política, el sistema político, le da un marco de respuesta a todos estos temas (HIV, Hepatitis virales y Enfermedades de Transmisión Sexual)”, indicó Cahn.
Luego, agregó: “Todos los años, hablamos siempre de los mismo números: alrededor de 6.000 nuevas infecciones, 1.500 muertes en una infección prevenible y tratable, donde tenemos nuevas herramientas que necesitamos se incorporen en los distintos subsistemas de Salud”, e indicó que esta nueva norma favorece la profilaxis de preexposiciòn y derriba ciertas barreras que puede haber en relación al autotest que existe en distintos lugares del Mundo.
También explicó que la nueva norma prohíbe que en una prueba preocupacional se le ofrezca al interesado hacerle el test y explicó que el análisis “no tenía sentido”, ya que aclaró que una persona con el virus “no tiene ninguna limitación para el trabajo”. También se refirió a la provisión de leche de fórmula para bebés con madres que tienen el virus.
La ley
El proyecto fue votado por sesenta votos a favor y uno en contra, del jefe del bloque PRO, el misionero Humberto Schiavoni.
La iniciativa, que fue presentada originalmente por la diputada Carolina Gaillard, del Frente de Todos, establece -entre otros puntos- la creación de un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, con el fin de visibilizar, documentar y erradicar las vulneraciones a los derechos de las personas afectadas.
También plantea un cambio de perspectiva y pone foco en lo social, apuntando a mejorar la calidad de vida y prevenir muertes evitables.
Propone que toda prueba para detectar esas patologías deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial y universal, a la vez que promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.
De este modo, quienes acrediten al menos diez años desde el diagnóstico de la enfermedad y 20 años de aportes jubilatorios, pueden solicitar la jubilación a partir de los 50 años.
El proyecto también promueve la capacitación, investigación, difusión de campañas masivas y la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis, integrada de forma interministerial e intersectorial por representantes de los organismos estatales, sociedades científicas y organizaciones de la sociedad civil con trabajo en estas patologías.
La integración de esta comisión debe ser determinada por vía reglamentaria y garantizar representación federal y de géneros.
También se propone un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, con el objetivo de visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas afectadas.