La Argentina tiene un proyecto de ley pero el gobierno desestimó la posibilidad de implementar la medida. Este jueves organizaciones sociales marcharon al centro porteño para visibilizar el reclamo por un ingreso básico. El dirigente de la CTEP y del Frente Patria Grande, Juan Grabois es uno de los impulsores de esta iniciativa.
La pandemia puso a prueba la capacidad redistributiva de los gobiernos. Fue desde entonces, cuando la discusión sobre la renta universal comenzó a cobrar fuerza.
Diversos experimentos se han realizado en el mundo por ejemplo en Finlandia, con el objetivo de estudiar la viabilidad del ingreso básico. Canadá también realizó varios ensayos sobre poblaciones aleatorias. Los resultados coincidían. Cada familia participante mostraba mejoras en la calidad de vida no sólo vinculadas a la economía sino también a la salud y a la educación.
En España se fijó un ingreso mínimo vital en 2020 para poco más de un millón de personas en situación de pobreza. También, Países Bajos destinó una suma de mil dólares, a modo de prueba, para 250 beneficiarios a cambio de una contraprestación.
Lo más parecido en Argentina a la renta universal, fue el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia). Una política acordada en plena pandemia.
Los opositores a la renta universal alegan que ningún país puede permitirse repartir dinero regularmente a todos los ciudadanos.
Organismos como la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) reclaman abiertamente, avanzar hacia un ingreso para ayudar a las poblaciones más vulnerables en un escenario internacional preocupante.
El aumento del precio de los alimentos y la energía a nivel global, hizo que 71 millones de personas de naciones de bajos ingresos se hundieran en la pobreza. La información revelada por la ONU exige una evaluación de políticas que alivien la situación de los más golpeados por la crisis. Las proyecciones de mejoras son cada vez más lejanas. El mundo podría entrar en una recesión en 2023.